Los despachos de la prensa internacional sobre el golpe de Estado de Vizcarra, no entran, en general, en el análisis de la constitucionalidad de la medida, y se dejan llevan más por otros símbolos, como la reacción de las Fuerzas Armadas y el control del aparato del Estado.
Así, por ejemplo, The Economist, habla de una disolución dudosa y enfatiza, más bien, la incapacidad de Vizcarra para un mejor manejo de la situación. A la que califica de grave y delicada.
Evidentemente, los despachos internacionales están marcados por el tono y sesgo político de sus corresponsales en el Perú, siendo que en buena medida se inclinan a un pensamiento de izquierda que contradice la línea principal de los medios que representan. Veamos el comentario de The Economist.
Disolución dudosa
La crisis política del Perú ha dado un giro absurdo
Martín Vizcarra tiene la ventaja en su duelo con el congreso
The Economist
2 de octubre de 2019
Traducido y glosado por Lampadia
MARTÍN VIZCARRA ha estado en guerra con el Congreso peruano desde que asumió la presidencia en marzo del año pasado. Esta semana, el 30 de septiembre, su relación difícil llegó a un punto de inflexión. Vizcarra disolvió el Congreso. La legislatura devolvió el golpe suspendiéndolo de su cargo y eligiendo a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, para reemplazarlo. Pronto renunció para evitar asumir la presidencia, tal vez dándose cuenta de que su nombramiento era más un gesto de desafío que una propuesta seria. Pero el choque constitucional ha causado graves daños a la democracia relativamente joven del país.
Los peruanos no pueden evitar recordar la última vez que se cerró el Congreso, en 1992. El presidente entonces era Alberto Fujimori, y su «auto golpe de estado» llevó a más de ocho años de gobierno autoritario y a menudo brutal. Ahora cumple una condena de 25 años en una cárcel peruana por abusos contra los derechos humanos, incluido el secuestro de un periodista en 1992. [Fujimori no fue procesado por derechos humanos].
Vizcarra no ha dado un golpe de estado. A diferencia de Fujimori, no ha enviado tanques a las calles ni destituido a la corte suprema ni al fiscal general. Tampoco ha arrestado a periodistas. Incluso si el congreso se va a casa como lo ha pedido Vizcarra, un «comité permanente» del congreso de 27 miembros permanecerá para controlarlo. Pero sus motivos para disolver el congreso son cuestionados por muchos abogados constitucionales. Así son las acciones del congreso.
El Congreso trató de apresurarse a través de nombramientos partidistas para el tribunal constitucional. Vizcarra tomó eso como una negación de confianza en el gobierno (el segundo durante este parlamento), lo que en teoría permite la disolución del congreso. Su interpretación es discutible.
La confrontación es el último signo de disfunción en una clase gobernante comprometida por la corrupción y dividida por facciones. Su origen se encuentra en las elecciones generales de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski, un ex banquero de inversiones, se convirtió en presidente. Él derrotó por poco a Keiko Fujimori, la hija de Alberto, pero su partido Popular Force (FP) ganó la mayoría en el Congreso. Fujimori prometió que su partido usaría su posición en la legislatura para promulgar su propio programa de gobierno. FP y sus aliados buscaron paralizar al gobierno de Kuczynski. Una segunda amenaza de juicio político llevó a su renuncia en marzo de 2018 y a la promoción de Vizcarra a la presidencia.
Las acusaciones de corrupción han dejado de lado tanto a Kuczynski como a Fujimori. Está bajo arresto domiciliario mientras la policía investiga las afirmaciones de que utilizó su posición anterior como ministro de finanzas para participar en negocios corruptos con Odebrecht, una empresa de construcción brasileña que sobornó a políticos en toda América Latina. (Otros dos ex presidentes enfrentan juicios por acusaciones vinculadas a Odebrecht y un tercero se suicidó en abril antes de que pudiera ser arrestado por cargos relacionados con Odebrecht). La Sra. Fujimori está detenida en prisión antes de su juicio por cargos de recibir contribuciones de campaña no declaradas de Odebrecht.
Pero la batalla entre el congreso y la presidencia no ha cesado. Vizcarra recurrió a medidas drásticas para impulsar sus prioridades legislativas. Estos incluyeron celebrar un referéndum el año pasado sobre un paquete de medidas anticorrupción, que el Congreso promulgó a regañadientes. Desde entonces, el presidente y el congreso han combatido otras medidas, como una propuesta para regular el financiamiento de campañas. La comisión de ética del Congreso ha protegido a los legisladores acusados de corrupción. Algunos fujimoristas vinculados a universidades privadas poco fiables, que se cree que blanquean dinero, intentan cerrar la agencia que los supervisa.
En mayo, el Congreso se negó a aprobar algunas reformas políticas respaldadas por Vizcarra, incluida la creación de un organismo independiente para revisar la inmunidad del enjuiciador de los congresistas. El 26 de septiembre, el comité constitucional del congreso rechazó la propuesta de Vizcarra de poner fin al estancamiento celebrando elecciones legislativas y presidenciales un año a principios de abril próximo (en el que ni él ni los miembros del congreso actual podrían participar).
Un político más hábil que Vizcarra podría haber evitado tal ruptura con el Congreso. Pero está claro que tiene la mayoría de las ventajas. Los jefes de las fuerzas armadas y la policía lo respaldaron públicamente, al igual que las asociaciones que representan a gobernadores y alcaldes. Tiene un índice de aprobación de poco menos del 50%. El Congreso es ampliamente aborrecido. Según una encuesta publicada el 29 de septiembre por La República, un periódico, el 87% de los peruanos lo desaprueba.
Algunos congresistas de la oposición han dicho que se encerrarán en el Palacio Legislativo, donde se encuentra el Congreso. Pero con la policía y el ejército detrás de Vizcarra, quien también controla la caja, está en condiciones de esperar hasta que se vayan.
Nadie sabe cómo terminará el enfrentamiento. La Organización de los Estados Americanos ha dicho que el tribunal constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad de la disolución del congreso de Vizcarra. Aráoz, que no pertenece a ningún partido, ha convocado elecciones generales, que permitirían a los votantes elegir un nuevo presidente y un congreso.
Pero no han surgido nuevos líderes para tomar el lugar de los políticos desacreditados de hoy. La crisis de larga duración está afectando la confianza de los inversores y, por lo tanto, la economía. Los días oscuros de 1992 no han regresado, pero el futuro parece nublado. Lampadia
