La lógica rentista de los que viven de la conflictividad

Lentejas, Votos y Donaciones

Para resolver la paradoja, observemos las dinámicas de los conflictos socio-ambientales que ocurren en el país. Cada vez que se ha ocurrido un conflicto social ligado a una gran inversión extractiva se puede observar el siguiente patrón:

1. Se dan manifestaciones opuestas con un creciente grado de violencia y repercusión mediática.
2. El Gobierno Central hace uso de las fuerzas de orden con el fin de controlar la protesta.
3. En caso la protesta desborde la capacidad de estas instituciones se entra en una pendiente de violencia y caos que genera costos políticos sobre el Gobierno Central. 
4. En este proceso los opositores al proyecto demandan un diálogo directo con el Gobierno Central siempre apuntando al nivel jerárquico más alto posible, de preferencia el Primer Ministro.
5. Se establecen accidentadas “Mesas de Diálogo” que devienen en áreas de combate discursivo entre quienes defienden y apoyan el proyecto.
6. En caso el costo político infringido al gobierno central sea lo suficientemente alto el Gobierno Central capitula y el proyecto se paraliza.

Previo a este proceso ha existido siempre una larga labor de adoctrinamiento de sectores de la población local en donde la minería es presentada como un peligro para la sostenibilidad de las condiciones de vida de la población local. Además, durante ese período preparatorio esos grupos generan plataformas que le permitan presentarse como representantes de la población local y toman control de componentes de la institucionalidad rural tales como rondas campesinas o juntas de regantes.

En múltiples ocasiones las Mesas de Dialogo promovidas por el Estado Peruano han fracasado completamente, mostrando ser mecanismos inefectivos e incapaces de viabilizar proyectos mineros amenazados por situaciones conflictivas. Lo más sorprendente es que si se diera un acuerdo, esos proyectos podrían generar ingresos fiscales para el Estado, rentabilidad para las empresas, dinamización de las economías regionales, y beneficios económicos múltiples y mejores activos ambientales para la población en el entorno del proyecto.

El enfoque del trinomio (Estado-Comunidad-Estado), hoy predominante en el Perú, deja de lado un factor crítico: los grupos hostiles a la minería. Sucede que las mesas de diálogo no se realizan con la “población,” puesto que no existe un mecanismo práctico mediante la cual la población, como un todo, pueda participar directamente. El diálogo se realiza entonces con un conjunto de dirigentes a los que se les considera como “representantes” de la población: miembros de Frentes de Defensa, alcaldes elegidos con una plataforma anti-minera y ONG’s post-extractivistas. En las propuestas de diálogo promovidas por el Estado Peruano se asume que existe alineamiento entre los intereses de estos grupos “dirigentes” y las aspiraciones de las poblaciones que ellos afirman representar.

Pese a su rótulo de representantes, estos dirigentes, en múltiples ocasiones, rechazan acuerdos en los que la comunidad se vería claramente beneficiada. Es frecuente que ese rechazo sea atribuido a un cierto grado de “radicalismo”, “irracionalidad” o “intransigencia” de estos líderes. Pero, en la mayoría de  ocasiones, estos dirigentes son personas inteligentes y muy astutas, de lo cual es evidencia una habilidad notable para la lideranza de movimientos sociales regionales, que en algunos casos terminan doblegando la voluntad política del Gobierno Nacional, como se demostró en casos como Tambogrande, Conga, y ahora Tía María.

¿Qué explica entonces la intransigencia de estos dirigentes, su negativa a llegar a acuerdos que dieran viabilidad a los proyectos mineros? La realidad es que existe una brecha de intereses entre esos dirigentes conflictivos y la población que afirman representar. Esta brecha se origina en los beneficios que el conflicto les reporta. La explicación es que los dirigentes no enfrentan incentivos para disminuir su hostilidad a las inversiones mineras o hidro-energéticas, y no les importa los efectos que su conducta (paralización de los proyectos) podría terminar reportando sobre la población. Sucede que a la población local puede ir muy mal mientras que a esos dirigentes les puede ir muy bien.

Existen tres beneficios principales derivados del activismo anti extractivo, las “lentejas”, los votos y las donaciones:

a) “Lentejas” (Potencial para la extorsión):  El Proyecto Tía María es un proyecto cuprífero que implica una inversión de 1,400 millones de dólares en las cercanías del Valle del Tambo en la Provincia de Islay Arequipa. Este proyecto ha enfrentado una fuerte resistencia por parte de sectores de la población de Islay la cual ha sido movilizada bajo la consigna “Agro Sí, Mina No”.[2] El conflicto social subsiguiente llevó a 6 muertos y a la paralización del Proyecto. Protagonista de este conflicto fue Pepe Julio Gutiérrez quien fuera Presidente del Frente de Defensa de Valle del Tambo y candidato a Concejero Regional por el Movimiento Tierra y Libertad, liderado por Marco Arana. En su hoja de vida, presentada al JNE,  registraba que sus ingresos provenían de ser agricultor independiente y contador de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo. Gutiérrez se hizo tristemente célebre con la propagación de audios en los que condicionaba el repliegue en las protestas a la entrega de “lentejas”, por un monto de millón y medio sea de soles o de dólares. En el mes de agosto del presente año se le encontró diversas cuentas bancarias con un monto cercano a los 400 mil soles.[3]

La conflictividad social anti-minera ha generado múltiples actores sociales con capacidad de incidir de manera decisiva sobre la posibilidad de ejecución de proyectos con  valor de miles de millones de dólares. A través de conflicto ellos generan una “garita de peaje” a los proyectos, y es difícil de pensar que existiendo semejante oportunidad no traten de lucrar con la misma. Es un secreto a voces que múltiples dirigentes y presidentes de Frentes de Defensa intentan permanentemente obtener recursos de las empresas mineras a cambio de reducir su nivel de hostilidad hacia los proyectos en su entorno.

b) Votos (Posicionamiento electoral). Edy Benavides, oriundo de Bambamarca-Cajamarca y profesor de diversos institutos educativos,  tuvo su salto a la celebridad como Presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Derechos de la Provincia de Hualgayoc – Bambamarca, en radical oposición a la realización del Proyecto Conga.  A nivel local fue célebre su rechazo a la  modernización del, en aquel entonces insalubre,  Mercado Municipal de Bambamarca mediante la modalidad de Obras por Impuestos por parte de Minera Goldfields pues considera que aceptar la colaboración de empresas mineras es una “traición” puesto que estas empresas están “condenando a los Bambamarquinos a una muerte lenta”.

Su postura fue bien recibida por un segmento importante del electorado bambamarquino al ser elegido alcalde de su provincia con el 47% de los votos, durante el presente año Benavides gestionará 17 millones de soles que recibirá su provincia por concepto de canon minero. Benavides no está solo en la lista de presidentes de algún “Frentes de Defensa” que devienen en autoridades elegidas. En el caso de Tambogrande, Francisco Ojeda fue electo alcalde de su distrito y en el distrito de Dean Valdivia, en la provincia de Islay, Jaime de la Cruz Gallegos ganó las elecciones locales.  Frente a semejantes casos existen múltiples dirigentes de organizaciones sociales que consideran que la polarización frente a un proyecto extractivo puede ser la plataforma que necesiten para salir del anonimato y entrar en el ruedo electoral con la imagen de defensor de los intereses del pueblo.

c) Donaciones (Acceso a recursos de cooperación internacional): A finales de 1993 Marco Arana era un joven párroco, cuasi anónimo, de la recientemente creada parroquia “Cristo Ramos de Porcón” en Cajamarca[4], el protagonismo ganado desde entonces en la oposición a Minera Yanacocha ha sido su principal mecanismo de ascenso político y económico.  La ONG que fundó, GRUFIDES, registró ante la APCI entre el año 2012 y el 2014 donaciones  por casi un millón y medio de dólares. Arana ahora es líder de un partido político de escala nacional con inscripción vigente (Tierra y Libertad) y se ha constituido en un referente de opinión en cuanto conflicto social anti-minero relevante exista en el país, teniendo frecuentes apariciones en medios. Sin lugar a dudas, la conflictividad le ha generado grandes beneficios personales.

Un factor común de estos personajes consiste en que sus rutas de ascenso personal se apoyan en la conflictividad misma. ¿Podría Pepe Julio Gutiérrez obtener sus “lentejas” si le decía a la población de Islay que el discurso que detentó durante años era falso y que el Proyecto Tía María no implica la destrucción del valle? Su principal activo personal consistía en haver generado una masa atemorizada que pudiera manipular y con ello tuviera la capacidad de amenaza que le permitiera cobrar “cupo” a la empresa minera. Una Mesa de Diálogo exitosa disiparía el temor, generaría un acuerdo y le quitaría su principal activo para obtener “lentejas.”

¿Edy Benavides podría haber sido elegido alcalde si tras una larga conversación con los técnicos del MINEM se hubiera convencido de que el Proyecto Conga, mediante la construcción de reservorios, incrementaría el suministro de agua para la población y hubiera salido a declarar esto en público? Su victoria electoral se sustentó en el rol que jugó en “la defensa del agua y la vida”.  Si la población de Bambamarca no creyera que la vida y el agua estaban amenazadas, no existiría ningún motivo por el cual los bambamarquinos desearan votar por él, y probablemente hubieran elegido un alcalde que promoviera el desarrollo local. Una exitosa Mesa de Diálogo le quitaría esa posibilidad de votos, ya que las frustraciones y descontento de la población serían capitalizadas por cualquier otro emprendedor político que no dudaría en acusarlo de “vendido a las trasnacionales.” Un político que enfrenta una disyunctiva así difícilmente va querer arribar a ningún acuerdo.

¿Si Marco Arana Arana se hubiera dedicado a mediar en los conflictos sociales buscando salidas convenientes para las comunidades podría ser presentado en múltiples instancias como “Héroe Ambiental,” ser líder de un partido nacional y manejar la camioneta 4X4 que actualmente posee? Su principal activo personal es la imagen, frente a los donantes internacionales y un sector de los líderes opinión locales, de un líder ambiental enfrentado a un malvado poder extractivista trasnacional.  Una exitosa Mesa de Diálogo que culminara el conflicto en Cajamarca, resultaría siendo una derrota para los donantes post-extractivistas que están en contra de cualquier avance de la minería y una amenaza para la estabilidad futura del flujo de donaciones de Sr. Arana. Un acuerdo que viabilizara la minería amenazaría la sostenibilidad del flujo de donaciones que hoy financia sus objetivos políticos y personales.

Creemos que el dialogo es una herramienta útil y necesaria en múltiples conflictos, sin embargo, este mecanismo es ineficaz cuando se aplica con actores que ganan con la conflictividad misma.

Para los promotores de la conflictividad las instancias de diálogo sirven únicamente como plataformas políticas y mediáticas para avanzar en sus propios fines, los cuales se hallan muy disociados de los de la población del entorno de los proyectos extractivos. Ellos viven del conflicto mientras las poblaciones lograrían mejor futuro para sus familias y un adecuado cuidado de su entorno si el conflicto se concluyera, se genera controles ambientales efectivos y la minería prosperara. Creer que esos dirigentes van facilitar la destrucción de sus mecanismos de acumulación de prestigio, poder político y dinero, para viabilizar el bienestar de sus poblaciones, es un acto de profunda ingenuidad.  Como lo hemos explicado ellos no ganan absolutamente nada, más bien pierden, si se llegara a acuerdos beneficiosos para las partes (minería y población) y que terminen desarmando el conflicto. Es lamentable que en diversas instancias del Estado y de los líderes de opinión se crea que la clave de la reducción de la conflictividad parta por negociar un acuerdo con quienes lucran con la conflictividad.

Para lograr que el diálogo sea un mecanismo eficaz para reducir la conflictividad debemos, necesitamos que las aspiraciones de desarrollo de la población local y nacional se expresen con toda su fuerza. No necesitamos interminables mesas de claudicación, necesitaremos foros públicos para discutir como generar sinergias entre minería y economía regional, y garantizar que en estos foros se expresen las opiniones de quienes desean realmente reducir los conflictos. El propósito de esos diálogos no debe se premiar a los generadores de conflicto sino encontrar rutas de progreso económico y social en base al estado de derecho y a relaciones pacíficas entre los actores sociales, instucionales y empresariales. Lampadia