Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Los problemas más graves que tenemos en el Perú, son la corrupción, la inseguridad y el sistema judicial. Y no es casualidad que, en todos ellos, estén involucrados jueces y fiscales, puesto que se han convertido en instrumentalizadores o facilitadores de los dos primeros.
Respecto a la corrupción, es imposible pretender que jueces y fiscales, extremadamente ligados a esta, puedan hacer un trabajo prístino e imparcial. Digo esto, porque por años se les ha permitido la falta de diligencia, politizar los casos, caer en incuria y manipular los instrumentos que les franquea la ley, para entorpecer o torcer las investigaciones; acusar y sentenciar, según el caso.
Veo discusiones en redes y en medios, respecto a las que algunos han dado en llamar “leyes pro-crimen”. Considerando las sensatas explicaciones dadas por ilustres abogados, que no sólo se sustentan en los códigos y leyes, sino en la lógica, creo importante divulgar algunas.
Algunos se rasgan las vestiduras por el recorte de plazos para la colaboración eficaz, pero nadie parece reflexionar en que, este mecanismo fue creado para hacer más expeditiva la obtención de confesiones y pruebas; lo que no se condice con los casos que han excedido los 6 años sin arribar a nada, como el caso de Susana Villarán y el fallecido aspirante a colaborador.
Igual ocurre con el uso antojadizo de algunos fiscales, respecto a la figura de “organización criminal”, con sesgo político e impropio. Basta ver el caso de PPK, su secretaria y su chofer; una vergüenza con la que tendrá que cargar el sistema judicial para la historia.
Hoy tenemos una discusión sobre el mecanismo de los “jueces sin rostro”.
Desde luego, en condiciones normales, el ideal es que el reo y sus abogados sepan quién juzga y se pueda garantizar su imparcialidad; pero esto no se condice con la existencia de mafias y bandas criminales internacionales, que imponen “sus reglas” a base de sicarios y extorsionadores, que amenazan a jueces, fiscales y a sus familiares.
¿Alguno de los opositores al uso de jueces sin rostro ha sido capaz de proponer una alternativa igual de eficaz, para garantizar sus vidas y la de los suyos?
Cuando la tengan, que discutan el mecanismo, antes de ninguna manera.
Consecuentemente, para delitos de alta peligrosidad, debemos de aplicar el sistema de protección de identidad de jueces y fiscales.
Por otro lado, ahora hay un gran alboroto de ciertos políticos de izquierda y defensores de derechos humanos, por la promulgación de la ley que somete al fuero militar policial, a los miembros de las fuerzas del orden, que deban ser juzgados por daños contra la vida y la salud, en el ejercicio de sus funciones.
Nuevamente, aquí no sólo se trata de, bajo qué régimen se debe juzgar a los militares y policías que, en principio y en un mundo ideal, concuerdo debería ser el régimen ordinario.
Lo que hace la gran diferencia es, ¿qué nivel de imparcialidad tienen los jueces y fiscales en el Perú? Estos han recibido por años, sino décadas, un adoctrinamiento incompatible con el rol que les toca en estos procesos, y lo han demostrado.
Militares y policías inocentes, perseguidos por décadas y con juicios reabiertos múltiples veces. ¡Eso no es justicia!
Lo antes dicho, sólo por no entrar en detalles de la manera como han retorcido el concepto y la aplicación de los delitos de “lesa humanidad”.
Todos sabemos que, aún sin haber existido ese delito en nuestro código penal y, sin haberse dado las condiciones requeridas universalmente, para calificar la “lesa humanidad”, en el Perú se han tratado ciertos asesinatos graves, ejecutados por las fuerzas del orden, como si lo fueran. Pero no hay ni un solo caso de personal terrorista de Sendero Luminoso, ni del MRTA, a quienes se haya aplicado estos criterios. Todo lo contrario, a estos se les volvió a juzgar, se les conmutó las penas y hasta se les indemnizó, abriéndoles las puertas para que vayan a vivir cómodamente en Europa.
Los ejemplos mencionados, nos eximen de tener que discutir y, en consecuencia, hasta que el contingente de jueces y fiscales no haya sido debidamente depurado, la defensa de la ley que los somete a la justicia militar, tiene total solidez.
Repito, no se trata de defender el fuero, sino de depurar el sistema de justicia de jueces y fiscales prevaricadores, dispuestos a perseguir a sus enemigos políticos, lejos de impartir justicia.
Finalmente, sugiero que, 25 años después de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del gobierno de Paniagua, se convoque a una verdadera e imparcial Comisión de la Verdad.
Hasta que no sepamos la verdad, no cerraremos la división que se ha verificado, nuevamente, en las últimas elecciones.
Lampadia
