Alejandro Deustua
12 de setiembre de 2023
Para Lampadia
Si aún quedasen dudas sobre el alcance global de la guerra en Ucrania, para disolverlas basta leer las críticas de los medios internacionales sobre el pronunciamiento del G20 (alrededor del 80% del PBI y 75% de las exportaciones globales) sobre ese conflicto en su reciente cumbre (Nueva Delhi, India). Estas son de tal aliento que, en general, omiten toda referencia sustantiva a los menesteres económicos propios de ese grupo.
Efectivamente, a diferencia de la condena de la invasión rusa expresada por 141 países miembros de la Asamblea General de la ONU en 2022, el G20 se limitó ahora a expresar su preocupación por el sufrimiento que causa la guerra, reiterar el principio de no uso de la fuerza (especialmente la que se ejerce para la conquista territorial) y la pertinencia de una solución pacífica, pero sin mencionar a Rusia.
Al respecto debe recordarse que el G20 se percibe como el principal foro de cooperación y coordinación de políticas económicas operando fuera de la ONU mientras reitera que su tarea no consiste en dar solución a conflictos bélicos o geopolíticos. Y, sin embargo, la conminación por pronunciamientos sobre el conflicto es infatigable.
Quienes, no sin razón, reclaman al respecto prefieren no considerar que el G20 está integrado también por un beligerante y su principal asociado (Rusia y China, representadas en la cumbre de Nueva Delhi sólo por sus cancilleres), que Rusia no ha sido suspendida de esa agrupación (como sí ha ocurrido en el G8 que ha vuelto a ser el G7) y que los BRICS (cuya cumbre de agosto ha consolidado una nueva jerarquía de poder en el sistema internacional convocando al “sur global”) no sólo son parte sustancial del G20 sino que ya han dado cuenta de sus divergencias o menores convergencias estratégicas con las potencias occidentales que integran el grupo.
Por lo demás, a la luz de la escalada del conflicto, de su evolución a una guerra de desgaste sin término a la vista y de sus crecientes asociaciones extrarregionales, es más complejo exigir el retiro inmediato de una de las partes del campo de batalla o condenar a los protagonistas del enfrentamiento en un evento de la organización que comprende principalmente a los bandos confrontados. He allí los límites multilaterales de las políticas principistas que definen el conflicto como el enfrentamiento entre democracias y autocracias (Estados Unidos) haciendo a un lado su esencia geopolítica y estructural. Por alguna razón los participantes occidentales prefirieron suscribir ese pronunciamiento consensuado y no insistir en otro que registrase posiciones individuales o reservas sobre sobre su contenido.
Sin tener en cuenta estas realidades, los medios no informan sobre el difícil consenso logrado por el G20 bajo estas circunstancias. A ello puede haber contribuido el desinterés de esos medios sobre los temas “suaves” de las relaciones internacionales. Y también la decepcionante disposición ejecutiva de los compromisos que adoptan los Estados en las reuniones multilaterales.
Pero ello no justica el silencio, más o menos generalizado, sobre las prioridades cooperativas del grupo para afrontar los problemas de inestabilidad, incertidumbre y escaso crecimiento económico mundiales. O sobre la disposición, retórica o no, de los participantes para afrontar distintos y urgentes requerimientos del cambio climático o sobre los méritos del consenso multilateral en épocas de fragmentación y beligerancia que mostraron las conclusiones de la agrupación.
Con esa disposición prescindente, los medios tampoco informan suficientemente sobre los compromisos de reforma de las instituciones financieras multilaterales para lograr mayor acceso, vocería y participación de las potencias emergentes o sobre la proclamada centralidad de la OMC en el cambio normativo del comercio internacional reconocida por el diverso G20.
Más lastimosamente aún, ni los medios más liberales resaltan la alusión al rol del sector privado en la generación de cadenas de valor globales o sobre la convocatoria al incremento de la inversión extranjera directa o sobre la necesidad de disminuir la brecha de habilidades (ensanchada por las nuevas tecnologías generadas por empresas occidentales) para la más equilibrada creación de empleo.
Aunque este listado de problemas no haya sido acompañado por decisiones de acción colectiva inmediata (salvo, quizás, en el caso de las Objetivos del Mileno o el cumplimiento de los acuerdos sobre mitigación del calentamiento global del acuerdo de París) , el consenso logrado por el G20 en un escenario de mayor prevalencia de los intereses nacionales sobre los colectivos y de redefinición de polaridades, es un logro que debe reconocerse, con recaudos, a los integrantes del grupo en cuestión (y a la India, como país anfitrión).
Tales logros, sin embargo, corren el riesgo de devenir en mayor desorden si las limitadas capacidades de convergencia del grupo se agravan con nuevas membresías colectivas. Esta tendencia, iniciada por la Unión Europea (que, con 27 estados, es “un” miembro del G20), se ha afianzado con la incorporación de la Unión Africana (55 estados) como otro miembro singular de la agrupación.
A este paso no sería extraño que en la próxima cumbre del G20 a realizarse en Brasil (noviembre de 2024) se sume la CELAC como miembro adicional (un interés ya demostrado por la Argentina “en nombre” de 33 estados). El riesgoso camino hacia la constitución de una ONU informal puede estar en proceso a lomos del incontinente e irresponsable entusiasmo diplomático que prefiere el relumbre de la figuración sobre la eficacia de regímenes que nacen con ciertos objetivos específicos y que luego devienen en cajón de sastre. Lampadia
