Uno de los motores del crecimiento de la economía nacional en los últimos años ha sido, sin dudas, la construcción. Con tasas de crecimiento de hasta el 17%, este sector ha adoptado nuevas tecnologías, impulsado el incremento del empleo, la mejora de los salarios y ha permitido cerrar nuestro déficit de viviendas e infraestructuras.
La actividad inmobiliaria ha tenido un desempeño espectacular, habiendo llegado incluso a casi el 25% en algún año. A pesar, que el 2013 se pusieron en marcha importantes proyectos, la construcción de viviendas se contrajo en setiembre en 1.34%. Este año, sin embargo, se espera una recuperación. Así lo asegura la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la cual proyecta lanzar al mercado varios proyectos de vivienda y especial de oficinas.
Si bien esta contracción se debe al enfriamiento que sufre la economía nacional, también ha sido propiciada por las trabas burocráticas y la inacción de las autoridades.
Uno de los problemas más graves, y que definitivamente fueron en gran medida la causa de esta contracción del sector, fue la exigencia de la SBS de que se suban las cuotas iniciales para las hipotecas inmobiliarias (como porcentaje del valor de la vivienda). Si bien la medida estaba destinada solo a las personas que adquirían viviendas para fines diferentes a la vivienda única (especulativos o de alquiler), aún así tuvo efectos negativos, como lo demuestra un sondeo de Apoyo Consultoría en el que se afirma que “luego de crecer 10% durante todo el 2012, el número de créditos hipotecarios desembolsados por la banca en Lima cayó ligeramente entre enero y junio del 2013 en 3.3%, para luego contraerse 17% entre julio y noviembre, en comparación con el mismo periodo anterior”.
Es decir, la decisión de la SBS fue perjudicial para el sector y no tendría coherencia con la Ley de Inquilinos que se acaba de promulgar en el Congreso. Como menciona Alfredo Bullard, “La ley establece que un inquilino puede ser desalojado si no paga la renta o se vence su contrato. Para ello tiene que incluirse en su contrato una cláusula de allanamiento. La ley pretende acelerar un desalojo (que puede tomar hoy más de 5 años) por un mecanismo expeditivo para recuperar el inmueble en solo 15 días”. Así concebida esta Ley, como lo reconoce Bullard, podría incentivar que se construyan viviendas para alquiler. Lamentablemente, la decisión de la SBS crea unos sobrecostos que impedirán que esta buena norma consiga dicho objetivo.
Como solicita, Enrique Zevallos, Gerente General de ADI, el acceso al crédito necesita modificaciones para que, “sin aumentar riesgos se pueda acceder a una mayor demanda de viviendas”.
Otra traba son los obstáculos, tanto normativos como administrativos, que se deben sortear para conseguir que las Municipalidades y entidades rectoras permitan que se inicien las obras de los proyectos inmobiliarios. Los pedidos de permisos y licencias son cada vez más dificultosos e impiden y encarecen las viviendas.
Como ha señalado hace unos días, Lelio Balarezo, presidente de CAPECO “en los municipios todavía hay mucha tramitología, pero estamos trabajando (con los gobiernos locales) para tratar de eliminar muchos de esos requisitos, con el objetivo de tratar de minimizar los tiempos para tener disponible una mayor oferta de viviendas”, comentó.
Sobre el particular, el gerente general de ADI agrega: “actualmente los proyectos de construcción demoran mucho tiempo en tomar su curso. En Perú demora 173 días, mientras que en Colombia solo 54 días”. Para Zevallos, las trabas municipales aumentan los costos del negocio e impiden incrementar la oferta de viviendas no solo en las zonas de mayor expansión como Lima, sino también en muchas regiones. Lampadia
