Por: Lucas Ghersi
El Comercio, 29 de abril del 2022
“Si el Gobierno no puede lograr que su constituyente sea aceptada por las ‘buenas’, bien podría terminar imponiéndola por las ‘malas’”.
El proyecto de ley planteado por el Ejecutivo sobre la asamblea constituyente es notoriamente inconstitucional y, además, constituye una amenaza a la democracia.
Al establecer que la asamblea constituyente puede ser convocada por el presidente o por el 0,3% del padrón electoral, este proyecto le quita a la Constitución su solidez, convirtiéndola en un documento frágil.
Si la Constitución puede ser puesta en tela de juicio por el Ejecutivo o por un número relativamente pequeño de ciudadanos (aproximadamente 7.400 personas), entonces dejaría de ser un documento susceptible de controlar el poder, sino solo un reflejo de este. Para todo efecto práctico, nos quedaríamos sin Constitución.
Además, como ha señalado la Comisión de Venecia a raíz de la instalación de la asamblea constituyente venezolana del 2017, es el Congreso –por ser el órgano más representativo del Estado– y no el Ejecutivo el único que puede iniciar un procedimiento para cambiar la Constitución.
Dicho de otra manera, no cabe la convocatoria a una constituyente por decreto. Sin embargo, eso es precisamente lo que plantea el Ejecutivo.
Peor aun, este proyecto busca sustituir la democracia representativa, que constituye la base de nuestra República, por el corporativismo. El Ejecutivo pretende que el pueblo escoja solamente al 70% de los constituyentes en una elección general. Los demás serían elegidos en circunscripciones constituidas sobre una base étnica.
A su vez, el proyecto de ley presentado sobre este tema por la congresista Margot Palacios plantea que solo el 30% de los constituyentes sean electos por la población en general, mientras que el 70% restante serían designados en circunscripciones constituidas, alternativamente, según criterios étnicos o gremiales-ocupacionales.
Este sistema atenta contra la igualdad ante la ley y se presta a la manipulación, toda vez que no existen criterios claros para definir quién integrará una circunscripción especial. Los esquemas de este tipo son característicamente antidemocráticos. Fueron empleados por regímenes fascistas en el siglo XX y, de manera más reciente, por el régimen de Nicolás Maduro, lo que motivó la condena de la Comisión de Venecia y de la OEA.
Afortunadamente, la posibilidad de que este proyecto se apruebe es remota. La mayoría de las bancadas están claramente en contra de él, y varios proyectos similares no han prosperado en el pasado.
Sin embargo, la amenaza a la democracia continúa. Si el Gobierno no puede lograr que su constituyente sea aceptada por las “buenas”, bien podría terminar imponiéndola por las “malas”, especialmente si se toma en cuenta que un sector de la opinión pública permanentemente amenaza con “cerrar” inconstitucionalmente el Congreso.
El Gobierno parece estar empeñado en que se instale una asamblea constituyente que, por definición, ejercería poderes de carácter absoluto. Como es evidente, ello supone una amenaza al estado de derecho.
En estos momentos difíciles, resguardar el orden constitucional no es tarea exclusiva de los congresistas o de los políticos. Todos estamos llamados a defender la democracia y los valores de nuestra República.
