Víctor Fuentes
El Comercio, 1 de octubre del 2026
«Encontrar un yacimiento puede requerir algo de buena fortuna, pero obtener una respuesta oportuna del Estado no debería exigir un milagro»
La exploración es una actividad de alto riesgo: se pueden gastar millones, hacer todo bien y, aun así, no hallar un yacimiento rentable. Esas apuestas son clave para descubrir nuevos depósitos que reemplacen a los que se agotan y sostengan la producción, el empleo y los recursos fiscales. Aunque parecería razonable facilitar la búsqueda, la permisología peruana hace esperar a los inversionistas, casi como si quisiéramos darles tiempo de reconsiderar su entusiasmo.
La geología tampoco facilita el desafío. Según S&P Global, la profundidad promedio de perforación para cobre en el mundo aumentó casi 50% desde el 2010. En hidrocarburos, cerca del 70% de los nuevos recursos recuperables descubiertos en el 2025 provino de aguas profundas o ultraprofundas. Estas condiciones exigen equipos, tecnología y operaciones más complejas. Es decir, hace falta comprometer más recursos antes de saber si habrá un negocio viable.
Con proyectos más caros y riesgosos, los países compiten por un presupuesto de exploración limitado, y en esa competencia el Perú ha perdido terreno. Atraijimos el 4,6% del presupuesto global de exploración minera en el 2025, frente al 6,3% en el 2018. En hidrocarburos, el retroceso es más severo: pasamos de 47 perforaciones exploratorias entre el 2011 y el 2015 a apenas tres entre el 2021 y el 2025. “A Dios rogando y con el mazo dando”, dice el refrán. En el Perú, sin embargo, ponemos obstáculos incluso a quienes están dispuestos a empuñar el mazo.
Parte de la incertidumbre la fabricamos nosotros. Desde el 2021, los ministros de Energía y Minas duraron, en promedio, cinco meses en el cargo. Esa rotación dificulta sostener políticas y reformas, y también exigir responsabilidades por las demoras. Con frecuencia, el ministro se va antes de que (casi) cualquier expediente termine su recorrido.
A ello se suman la acumulación de requisitos, la superposición de entidades opinantes y las demoras en resolver expedientes. Según el IPE, la aprobación de estudios de impacto ambiental de hidrocarburos tomó casi el triple del plazo legal en el último quinquenio. En minería, evaluaciones previstas para 120 días hábiles llegan a superar los 500. La espera encarece la inversión y posterga sus impactos positivos.
Hay señales de que esto puede cambiar. Por un lado, el Senace reporta que, entre el 2024 y el 2026, redujo en 31% los plazos de aprobación de informes técnicos sustentatorios en minería y en 46% en hidrocarburos. Además, el ministro Shinno propone eliminar 27 de los 96 permisos mineros y simplificar otros 14. El reto será concretar estas mejoras, que se traduzcan en plazos previsibles y sobrevivan a los cambios de autoridades.
El potencial minero y energético del Perú merece algo más que nuestra fe. Encontrar un yacimiento puede requerir algo de buena fortuna, pero obtener una respuesta oportuna del Estado no debería exigir un milagro.
