Jaime Dupuy
Gestión, 18 de setiembre del 2026
Detrás de cada gramo de oro ilegal puede haber un peruano al que se le está arrebatando su vida, su libertad, su salud o su dignidad.
Cuando hablamos de minería ilegal, solemos empezar por las cifras. Pero, adicionalmente al problema económico, ambiental o de seguridad, estamos frente a una grave crisis de derechos humanos.
El estudio Violencia y vulneración de Derechos Humanos en contextos de minería no legal en el Perú, elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia por encargo de la SNMPE, aporta evidencia particularmente preocupante. A partir del análisis de La Rinconada, Atico y Pataz, muestra que la minería no legal trasciende largamente el daño ambiental: amenaza la vida, la dignidad, la salud y la seguridad de las personas, precariza el trabajo, intensifica la violencia territorial y genera recursos que fortalecen a organizaciones criminales.
No estamos hablando simplemente de personas que extraen mineral sin contar con todos los permisos. Estamos hablando de homicidios y desapariciones; explotación laboral y trabajo forzoso –formas contemporáneas de esclavitud–; trabajo infantil; trata de personas y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes; extorsiones, robos, lesiones y contaminación con sustancias tóxicas. El estudio vincula expresamente estas conductas con la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal, la prohibición de la esclavitud, el derecho al trabajo y a condiciones de vida adecuadas.
Hay una conclusión especialmente importante: la vulneración de derechos humanos no es simplemente una consecuencia indeseada de la minería no legal. Es parte funcional de su modelo de negocio. Uno que es extraordinariamente rentable precisamente porque alguien más paga el verdadero costo: el trabajador explotado, la mujer víctima de trata, el niño sometido a condiciones inadmisibles o la comunidad abandonada frente al crimen organizado.
Por eso, cuando desde el Congreso se impulsen iniciativas bajo el argumento de proteger al pequeño minero, debemos mirar también sus consecuencias. Prolongar regímenes transitorios cuestionables o fracasados, o generando espacios de impunidad para actividades ilegales no es solamente una discusión sobre formalización minera. Blindar a quienes operan dentro de estas cadenas significa también dejar desprotegidas a sus víctimas. Los derechos humanos no pueden defenderse selectivamente.
¿Qué hacer? La respuesta no puede reducirse a enviar más militares o realizar operativos esporádicos. El propio estudio evidencia que estos territorios suelen caracterizarse por una presencia policial limitada y episódica. Recuperarlos exige Estado permanente: conectividad física y digital, servicios públicos, educación, salud, justicia, fiscalías y policía con capacidad real de permanecer en el territorio.
Combatir la minería ilegal es también proteger la pequeña minería que busca operar dentro de la ley. Detrás de cada gramo de oro ilegal puede haber un peruano al que se le está arrebatando su vida, su libertad, su salud o su dignidad. Los derechos humanos no pueden ser un daño colateral de la política de formalización. Ese debería ser el centro de la discusión.
