Entrevista a José Luis Guasch
Economista
Expreso,13 de noviembre del 2025
Cristina Luna
Advierte que el miedo a ser investigado injustamente aleja a profesionales calificados del Estado.
El Estado busca mil formas de cerrar la brecha de infraestructura que tenemos. José Luis Guasch, ¿cuál es tu visión sobre esto?
En el año 2014, por ejemplo, fue un año estrella: se agotaron las botellas de Don Perignon en Lima porque se adjudicaron proyectos por miles de millones de dólares. Fueron cuatro emblemáticos: la Línea 2 del Metro, Chincheros, el gasoducto y la red dorsal.
¿Dónde están hoy esos proyectos?
Durmiendo. Se priorizó la adjudicación como meta, cuando el verdadero indicador debería ser cuántos proyectos entran en operación, porque lo que importa es el servicio. Debo reconocer, eso sí, que en los últimos años ha habido avances desde ProInversión y el MEF, especialmente con el impulso de obras por impuestos. Hay gente muy capaz y comprometida en ambas instituciones, lo cual es una buena señal. Sin embargo, los números que se plantean son muy ambiciosos. Yo dudo que se llegue a esos niveles de adjudicación; preferiría que se ejecuten entre 20 y 30 proyectos por año, pero que sean de impacto.
¿Qué proyectos se deberían priorizar?
Por ejemplo, ProInversión anunció recientemente la adjudicación de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales (PETAR) en provincias. Me parece excelente, porque hay tres sectores que piden ayuda a gritos: agua y saneamiento, educación y salud. Son clave para el desarrollo social del país. Ahora, me preocupa el tiempo que toma estructurar los proyectos: uno sencillo demora dos años, y uno complejo, cuatro o cinco. Eso se puede reducir a la mitad si se simplifican los procesos. En otros países hemos logrado adjudicar proyectos en un año. La nueva ley ayuda, pero no es suficiente. Hay elementos que pueden mejorarse sin necesidad de cambiar leyes: agilizar procesos, empaquetar proyectos, estandarizar estructuras. Eso reduce costos y tiempos significativamente.
¿Se necesitan más leyes para avanzar?
No necesariamente. Hay avances, pero muchas mejoras pueden hacerse sin reformas legales. Los procesos de adjudicación pueden optimizarse con buena gestión: cortar tiempos, mejorar los paquetes de proyectos y agilizar las contrataciones. En el Perú, todavía hay 11 millones de personas sin acceso a agua, un millón solo en Lima. Las escuelas y hospitales presentan un grave deterioro, y los costos logísticos siguen siendo altos, entre 7 % y 18 %, lo cual impacta en la competitividad. Lo que toca ahora es ejecutar, priorizar proyectos y aumentar gradualmente la inversión. El Perú invierte alrededor del 4 % del PBI en infraestructura; con ese ritmo, cerrar la brecha tomará 40 años. Si se elevara al 7 %, podría hacerse en 20.
¿Crees que este tema entrará en la discusión electoral? Todos prometen obras y proyectos, pero nadie explica el “cómo”.
Identificar proyectos es fácil; ejecutarlos, no. Lo importante es llevarlos a la realidad, estructurar mejor los procesos y lograr que entren en operación. Solo así se mejora la calidad de vida de los peruanos.
El problema es el temor a los juicios por parte de los servidores públicos…
Ese es un punto crítico. Hay una desconfianza generalizada hacia el servicio público. Gente muy calificada evita ingresar por temor a ser investigada injustamente. El caso de Alberto Pascó-Font es emblemático. La Contraloría debería pasar de un enfoque punitivo a uno preventivo y constructivo. No todo amerita sanción: hay temas “blancos”, donde sí debe pronunciarse; “negros”, donde no; y “grises”, que pueden debatirse. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, que debería capacitar a los fiscales encargados de temas de infraestructura. Hoy existe mucho desconocimiento en la Fiscalía sobre cómo funcionan las APP. Por eso se confunden buenas prácticas con irregularidades.
Hay mucho capital humano valioso que prefiere no asumir responsabilidades públicas por miedo a procesos interminables. Casos como el de Pascó-Font —investigado por más de cinco años por decisiones que eran buenas prácticas— destruyen carreras y desincentivan el ingreso de expertos al Estado.
¿Dónde está la corrupción?
He trabajado en más de 70 países y he analizado cientos de casos de corrupción. El 76 % ocurre en la fase de operación del proyecto, el 22 % en la adjudicación y solo el 2 % en la preparación de las bases. En el caso de las IIRSAs, por ejemplo, era imposible favorecer a alguien porque la adjudicación se definía por una variable única: el menor pago por inversión. No había forma de manipular el resultado. Los cambios en las bases durante el proceso son, además, una buena práctica. En todo el mundo hay entre dos y cuatro versiones de bases, porque se reciben sugerencias de los postores. Pensar que modificar un borrador implica corrupción es desconocer cómo funciona una APP. Por eso creo que a los fiscales se les debe capacitar, aunque sea brevemente.
Servicio civil
Guash señala que una de las razones por las cuales el servicio público se ha vuelto mediocre, no es la falta de talento, sino porque los mejores prefieren no exponerse a riesgos en los tribunales. Así el ciudadano recibe un mal servicio.
