Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 27 de enero del 2024
“Se requiere una ley o un plan que señale un camino claro para formalizar a quienes quieren capitalizarse y trabajar en paz”.
Los mineros no formales que se movilizaron la semana pasada y fueron recibidos en el Congreso por Perú Libre han responsabilizado a la “oligarquía minera” por el decreto legislativo que les da un plazo de 90 días para regularizar su situación, e incluso se han sumado al pedido de una asamblea constituyente.
Es el utilitarismo ideológico. En realidad, como ha notado Iván Arenas en “Perú 21″, los mineros informales son pequeños empresarios hipercapitalistas, incompatibles con un régimen socialista. Pero usan las armas políticas que le brinda el sector del Congreso que los acoge. Algunos son ilegales, y reaccionan porque el decreto legislativo persigue precisamente sincerar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), para que no sea usado como patente de corso. Pero muchos son informales de verdad que no han podido formalizarse por las dificultades del sistema.
Aquí hay varios temas. Uno es que el decreto legislativo en cuestión obliga a quienes están en el Reinfo y operan en una concesión de terceros a presentar un contrato de explotación con el dueño de la concesión, pero solo si esta está activa, explorando o explotando. Según el Minem, apenas hay algo menos de 2.000 mineros informales en esta situación, menos del 3% del Reinfo.
Y a los que están suspendidos del Reinfo, que son la mayoría, se les exige presentar el instrumento ambiental (Igafon) en 90 días como condición para mantener vigente su inscripción en el Reinfo. De lo contrario, salen. Se quejan de que el plazo es muy corto. Pero, en realidad, la mayoría de esos 70 mil suspendidos no son mineros propiamente, sino trabajadores de mineros informales o ilegales.
El Reinfo como tal vence el 31 de diciembre de este año. Y, evidentemente, no se puede seguir renovando, como se ha venido haciendo. Según el experto José Farfán, el problema allí es que los instrumentos ambientales presentados por los mineros informales no son aprobados, porque los gobiernos regionales no tienen la capacidad para procesarlos. Por ejemplo, en Arequipa hay 3.350 mineros vigentes en el Reinfo, es decir, que han presentado sus instrumentos ambientales, pero los aprueban a un ritmo ¡de 20 por año! No se formalizan nunca.
Entonces hay que ir a soluciones de fondo. Debemos cerrar el Reinfo, pero hay que abrir una vía de formalización realista y eficaz. Esto no puede seguir en manos de los gobiernos regionales, precarios y corruptos. En los 90 se creó el catastro minero, que funcionó muy bien. Alguien ha propuesto crear una suerte de Cofopri que se haga cargo del proceso integral de integración de esa minería a la legalidad y a la tributación, incluyendo el trabajo limpio y formal de las plantas procesadoras y la compra por parte de bancos o empresas. Y aplicar planes específicos por zonas de minería no formal.
Y por tipos de situaciones o relaciones. Se habla de 400 mil mineros no formales. Pero la mayor parte son trabajadores de los dueños de las bocaminas, que no serán más de 10 o 15 mil, muchos de los que no están formalizados como pequeños mineros o mineros artesanales. A la mayoría de aquellos trabajadores se les paga con parte del oro que producen, y lo venden sin documento tributario alguno. Todo eso tiene que ordenarse.
El Ejecutivo creó hace poco una Comisión Multisectorial “con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal”, que no sabemos en qué anda. Lo cierto es que se requiere una ley o un plan que señale un camino claro para formalizar a quienes quieren capitalizarse y trabajar en paz. El Ejecutivo y bancadas serias del Congreso deben darle a este asunto la máxima prioridad, incluso para quitarle oxígeno a la criminalidad organizada que avanza cada día.
