Cecilia O’Neill de la Fuente, Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico
El Comercio, 11 de julio de 2017
¿Qué tienen en común construir edificios sin usar casco, no ponerse cinturón de seguridad, fumar y volar parapente? Son acciones peligrosas. Por eso el Estado podría decidir intervenir o no. Pero no es una decisión fácil.
Hay congresistas que intervienen con proyectos de ley para poner semáforos en las etiquetas de los alimentos. Rojo si el nivel de azúcar, grasa o sal es alto; naranja si es medio y verde si es bajo. Dicen que ello no irrogaría ningún gasto al Estado (como si fiscalizar la norma no tuviera costos), aunque ‘naturalmente’ añaden que el sector privado tendrá que hacer “algún gasto extraordinario” cuando tenga que modificar las etiquetas, al dejar de usar las que tenga almacenadas. No demuestran –y es su deber hacerlo– que ese gasto extraordinario está justificado.
Visto en abstracto, el objetivo de mejorar la salud de la población es incuestionable. Lo malo es que existe un enorme salto lógico entre promover la alimentación saludable y la posibilidad de lograrlo por esa vía.
Como los congresistas están muy preocupados por el bienestar de la población, proponen un proyecto de ley para beneficiar a ciudadanos “necesitados”: los que se van de compras a centros comerciales.
Piensan que es un abuso cobrarles por estacionar sus autos. Como el parque automotor ha crecido tanto, encontrar estacionamiento se ha vuelto una odisea. El proyecto añade que “durante décadas el uso de los estacionamientos en los centros comerciales ha sido gratuito”. Ahora no siempre lo es.
No se preocupe, estimado lector, como los congresistas son generosos no solo con los compradores sino también con los centros comerciales, el proyecto no prohíbe cobrar por estacionarse, al menos no del todo. Será gratis solo para los que compran por un monto mínimo; los demás, que paguen. Esto atenta contra el derecho constitucional a la libertad de empresa.
Otro ejemplo más. El Congreso quiere que todas las empresas de todo el país entreguen al Indecopi el libro de reclamaciones cada siete días. El Indecopi dice que para procesar la información debe contratar a 10.000 trabajadores más y aumentar su presupuesto en S/400 millones por año para contratar más personal y comprar más computadoras, softwares y hasta más locales.
¿Sabía que todos los proyectos de ley deben incluir un análisis costo-beneficio? Deben explicarnos por qué los costos que generan están justificados por los beneficios que traerían. Así lo manda la ley.
El problema es que el Estado no solo controla mal a los informales –como en la galería incendiada hace muy poco–, sino que tampoco se controla a sí mismo. Al menos, no a sus congresistas. Como son muy formalistas, sí incluyen en sus proyectos el análisis costo-beneficio. El pequeño detalle es que ese análisis suele ser muy parco. Se limitan a decir: “Este proyecto no irroga gasto al Estado y es muy bueno para la población”. Esa frase hecha no sirve para exigir semáforos en las etiquetas, lograr que los compradores se estacionen gratis y generar un enorme forado en el presupuesto del Indecopi.
Nada de esto hubiera ocurrido con un adecuado análisis de impacto regulatorio, que exige a abogados y economistas trabajar juntos. No bastan las buenas intenciones. Hay que demostrar que lo que se propone puede funcionar y no va a causar más problemas que los que quiere resolver.
Por eso la Universidad del Pacífico ha reunido a investigadores, funcionarios y jueces en la conferencia anual de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía (Alacde).
Alacde lo crearon hace más de 20 años Robert Cooter, Edgardo Buscaglia y Andrés Roemer para difundir en Iberoamérica metodologías económicas que respondan dos preguntas: ¿cuál es el efecto que las reglas tienen sobre el comportamiento de los individuos?, ¿ese efecto es o no socialmente deseable?
Encontrar las respuestas sirve para evitar que, al aprobar leyes, la lavada sea más cara que la camisa.
