Rafael Belaunde A.
Para Lampadia
Los vendedores ambulantes, los canillitas, los lustrabotas y los jardineros; los lavacarros callejeros, muchos taxistas y mineros son informales, no delincuentes. La informalidad es consecuencia de la falta de oportunidades.
En el ámbito rural, donde la agroindustria sólo es alternativa para muy pocos, la minería informal es un refugio para los desposeídos.
El informal minero, sin más capital que una lampa y un pico, y una enorme dosis de perseverancia, puede llegar a salir de la pobreza o incluso convertirse en empresario, para angustia de los recelosos de la movilización social. Por eso, los sectores emergentes informales siempre han sido satanizados por los conservadores…de privilegios. Aquellos que pretenden confundir informalidad con delincuencia o con contaminación.
Cuando las exigencias de la formalidad rebasan la lógica, cuando son arbitrarias e inalcanzables, la informalidad resulta legítima porque el derecho de los individuos a la supervivencia es superior a cualquier prerrogativa del Estado, particularmente si ésta es caprichosa. ¿Lo es?:
1.- La extensión mínima de la concesión minera es enorme (100 hectáreas) y el Derecho de Vigencia es reducido, lo que se traduce en acaparamiento territorial del subsuelo por parte de algunos consorcios. Reducir la extensión mínima a una cuarta parte de la actual cuadrícula y encarecer el Derecho de Vigencia liberaría áreas acaparadas.
2.- Las exigencias burocráticas en materia de permisos son costosísimas y absurdas. Hoy, a un minero artesanal o pequeño, se le exige más informes de los que se requirió de Southern Perú para la puesta en marcha de Toquepala.
3.- La burocracia no entiende que la minería subterránea impacta muchísimo menos que aquella a cielo abierto, más aún si las labores están alejadas de cursos de agua o ubicadas en zonas áridas.
4.- En materia de relaves y desmontes la minería artesanal genera el 0.03% de los desechos, mientras que la gran minería genera el 99.97% y la proporción en materia de utilización de explosivos es similar. A pesar de ello, las exigencias burocráticas y la tramitología soslayan tal distingo.
5.- En torno a las grandes minas viven poblaciones empobrecidas que atestiguan, día a día, cómo los gobiernos regionales y municipales acaparan los fondos del canon y los despilfarran o desfalcan.
Son estas iniquidades las que generan el descontento.
Así como la naturaleza le mezquinó al Perú las grandes posibilidades agrícolas con que dotó a otros países, le asignó enormes recursos minerales que contrarrestan aquellas limitaciones. Las personas aprovechan los recursos mineros en la medida de sus posibilidades.
- Cuando se trata de grandes diseminaciones, mediante los tajos abiertos que implementan las grandes empresas.
- Cuando se trata de vetillas comparativamente insignificantes, mediante explotaciones artesanales.
Pretender desaprovechar los recursos mineros mediante barreras insalvables es un despropósito de algunos políticos y burócratas desalmados que, lejos de tener que producir sufridamente para sobrevivir, medran al amparo del puesto público.
La minería aluvial es caso aparte. Su tremendo impacto no es producto de la informalidad sino de la incompetencia del Estado que, luego de haberla promovido, ni siquiera exige reforestación, ni restringe el uso del mercurio y, encima, al prohibir el dragado como el que se permite en Canadá o los Estados Unidos, fomenta implícitamente el desbroce.
Muletillas como “crecimiento con inclusión” o “no más pobres en un país rico”, son ardides retóricos para engatusar intonsos. Argumentos de ineptos, demagogia pura, sonora pero hueca.
Lo que debe hacer el Estado es lo que casi nunca ha hecho: sintonizar con la realidad, adaptarse a ella legislando con el objetivo de servir a la población, no con el propósito de servirse de ella inventando procedimientos inútiles.
Mientras eso no ocurra los conflictos sociales seguirán multiplicándose. Lampadia
