Durante su visita oficial al Perú, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su satisfacción porque nuestro país fue el primero en el mundo en adoptar una ley de consulta previa a los pueblos indígenas, como parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta es una de las reformas sociales más importantes del Gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos indígenas y promover su desarrollo.
La consulta previa es un mecanismo de diálogo para lograr acuerdos entre el Estado y la población indígena cuando se busque implementar una decisión estatal que pueda afectar sus derechos colectivos. Estos acuerdos permiten incluir la opinión de los ciudadanos indígenas en las medidas consultadas y garantizar que sean protagonistas en la toma de decisiones estatales.
Durante el último trimestre del año pasado se finalizó, con éxito, la etapa de diálogo en dos importantes procesos de consulta en Loreto y Ucayali.
El primero de ellos fue realizado por el Gobierno Regional de Loreto con los representantes de los pueblos Maijuna y Kichua, con el propósito de constituir un área de conservación regional –territorio protegido por su riqueza ambiental y administrado por las autoridades locales–, mientras que el segundo ha sido realizado por Perú-Petro, con la diligente participación de representantes de los pueblos indígenas amahuaca, asháninka, asheninka y yaminahua.
A estas relevantes acciones, cabe sumar el inicio de la progresiva publicación de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas, herramienta referencial y de permanente actualización, que permite acceder a información sobre los 52 pueblos indígenas identificados tanto en las zonas andinas como amazónicas.
En los casos señalados, la tarea del Ministerio de Cultura ha supuesto brindar la asistencia técnica más adecuada a las entidades públicas y a las organizaciones indígenas para que puedan realizar, en las mejores condiciones y con el mayor entendimiento, sus respectivos procesos de consulta; esto, en cumplimiento de nuestras funciones, como coordinar y articular la política de implementación de la consulta previa.
Estos avances muestran que es posible un modelo de diálogo que permita garantizar los derechos de los pueblos indígenas y generar un clima favorable para la inversión pública o privada.
No obstante, para garantizar su sostenibilidad, los acuerdos logrados en la consulta previa deben ir acompañados de políticas públicas efectivas que reduzcan las brechas de acceso a servicios básicos entre los ciudadanos indígenas y el resto de la sociedad nacional, lo cual compromete el esfuerzo conjunto del Estado con la finalidad de brindar atención en educación, salud o salvaguardas a la propiedad, las que deben ser culturalmente adecuadas para ciudadanos con lenguas y costumbres distintas. Así, hablamos de educación bilingüe, salud intercultural y titulación de territorio comunal, todas ellas tareas indispensables para fortalecer la ciudadanía de la población indígena, consolidar nuestra democracia e instaurar un nuevo clima de confianza entre el Estado y los ciudadanos.
Para el primer semestre del 2014 se prevén 14 nuevos procesos de consulta previa, donde seguiremos trabajando por incluir la voz de los ciudadanos indígenas cuando se busque implementar una decisión estatal que pueda afectar sus derechos colectivos, como el acceso a su territorio, recursos naturales, lengua, etcétera. El derecho a la consulta previa y políticas específicas para la población indígena son avances necesarios para consolidar nuestra democracia y fomentar un nuevo clima de confianza entre el Estado y los ciudadanos.
Publicado en El Comercio, 3 de febrero de 2014
