Fernando de Trazegnies, Profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP
El Comercio, 21 de agosto de 2017
El comentario que voy a hacer no tiene ningún sentido político. No soy un político ni quiero serlo. Tampoco tiene una base jurídica ya que se refiere al Derecho Penal que no es mi especialidad y desconozco en forma total. Voy, pues, a hablar simplemente como el hombre de la calle que lee el periódico y que encuentra cosas que lo desconciertan.
En días pasados se ha hablado mucho de meter a la cárcel a los procesados de un juicio penal antes de que exista una sentencia firme. La razón sería que se quiere evitar que los inculpados se fuguen del país antes de ser sentenciados.
Ciertamente se trata de una preocupación respetable. ¿Pero conlleva esto meter a la cárcel como vulgar criminal a quien todavía no se sabe si es o no culpable? ¿Significa esto que debe internarse por años, a vivir en un mundo de delincuentes, a una persona por la mera sospecha y no por un acto probado?
A mi juicio, el criminal que merece ir de frente a la cárcel es aquel a quien se le detuvo in fraganti. Ahí no cabe duda de que es culpable. Pero resulta totalmente inaceptable que a aquel de quien se tiene solamente la “sospecha” de que ha cometido un delito (y una sospecha grande sigue siendo solo una sospecha) se le encierre en una prisión.
Ciertamente, el orden público debe controlar que los inculpados no huyan a otro país o se escondan en algún lugar perdido del Perú. Sin duda, esto hay que evitarlo. Pero no estamos en la Edad Media, sino en un mundo moderno que cuenta con muchos recursos.
En otros países ya se emplean para estos casos grilletes en el tobillo que llevan un aparato de transmisión que permite a la policía saber en todo momento el lugar donde se encuentra la persona. Por otra parte, es preciso eliminarle el pasaporte y mejorar el control por todos los puntos de salida del país. Con esos elementos queda asegurada la imposibilidad de la huida.
En vez de eso, ahora se envía al procesado a vivir, comer y hablar con delincuentes de verdad, alejándolo de su familia que lo necesita. Y lo que acentúa la gravedad de la situación es que la prisión preventiva se puede pedir hasta por tres años. Pero, como le escuché decir al presidente de la Corte Suprema en televisión, generalmente los fiscales piden una prórroga tras otra y así la cárcel gratuita del todavía presunto delincuente puede durar mucho tiempo. Como ha explicado el doctor César Azabache –uno de los más importantes penalistas peruanos– hay casos en los que la investigación de la fiscalía ha durado diez años.
Para el hombre de la calle esto resulta desconcertante. Se mete preso a quien puede ser tanto inocente como culpable, colocándolo en un lugar donde están los criminales que ya han sido juzgados y condenados y, por tanto, se ha comprobado plenamente que son delincuentes.
Hace unos días escribió en esta misma página el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y mencionó que hay juicios que duran hasta 50 años. ¿Es esto razonable? ¿Es así como se materializa la justicia?
Por otra parte, el hombre de la calle no entiende cómo se mete preso por años a quien todavía no se le ha probado el delito. Y, mientras tanto, la policía captura a numerosos delincuentes precisamente en el acto de robarle algo a un transeúnte o habiendo penetrado armados a una tienda para robar la caja y amenazando a todos con sus pistolas. Pero esos verdaderos delincuentes comprobados en su mayor parte pasan unos días en la comisaría y luego se van a su casa.
Esto es inaceptable para cualquier persona que respeta a los demás y no los utiliza para quizá lucirse en un procedimiento judicial que no tiene cuándo acabar. Imaginen a la persona que después de años la han declarado inocente: cuando sale de la prisión preventiva sus hijos han crecido, sus negocios se han echado a perder y él… ha envejecido y perdido la fe en la justicia, con toda razón.
No cabe duda de que para convertir esta situación en razonable y justa, habría que sustituir la prisión por el uso de grilletes y tomar las medidas para que los juicios penales no duren más de un año. El problema fundamental se encuentra en los fiscales, porque son ellos quienes tienen a su cargo la investigación del delito. Si el plazo de un año les queda corto, pues tendrán que esforzarse más para cumplir con él. Quizá también sea necesario rehacer la fiscalía.
Lo que tienen que cambiarse son los juicios por tiempo indeterminado. Además, debe tomarse como regla que quien no está probado que sea un delincuente no puede ser encarcelado ni tratado como tal.
En fin, esa es la opinión del hombre de la calle. ¿Pero quién le cree al hombre de la calle?
