Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia
Hace 3 años, en este mismo medio (Cuidado con las propuestas de las comisiones. Lampadia 20.11.2017), advertí que en el Perú se alistaba una disfrazada estatización de nuestros ahorros previsionales, como ya sucedió en Argentina y Bolivia.
Esta semana, el Congreso made in Vizcarra, con la señora Carmen Omonte de APP a la cabeza, ha consumado el asalto. Ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley Marco de Creación del Sistema Integrado Universal de Pensiones, enredado y pomposo nombre disimular para una estatización igual o peor que la que pretendió llevar a cabo en 1987 Alan García. Ahora el asalto no es a los bancos. Esta vez no le pretenden quitar el dinero al señor Dionisio Romero, a los señores Wiese, Picasso o Pardo Mesones como sucedió en aquella época aciaga donde pretendieron estatizar los bancos. Esta vez nos están asaltando a todos los trabajadores del Perú. Se están llevando nuestros ahorros previsionales.
Si, por si no lo ha advertido usted, este proyecto de Ley que se pretende aprobar le quitará a usted y a mi todo el ahorro previsional de su vida, para pasarlo al manejo del Estado. Al mismo Estado que no puede evitar los contagios, que es incapaz de comprar vacunas, que pierde 17,000 millones al año en corrupción según datos de la propia Contraloría, que gasta 17 millones en “estrategias de comunicaciones” en un solo ministerio y que no duda en gastar, en medio de la peor crisis sanitaria de nuestra historia, más de 30,000 soles en “cupcakes”, “pastelitos” y otras minucias en el Despacho Presidencial.
Ya sabe usted a dónde irá a parar su dinero. Ahora no será usted el que decida quien maneja su ahorro, serán los políticos de turno.
¿Porqué este asalto tan artero?
- Porque la clase política de todo color, que se recicla de un partido a otro, que pasa de un ministerio a otro, que salta de un sector a otro, que pasa de directorios a consultorías y de viceministerios al congreso, teme quedarse sin recursos que malgastar en el próximo quinquenio. Vizcarra y su infante ministra de economía, que fue aplaudida por gastar sin piedad, vaciaron las arcas del Estado so pretexto de la pandemia y ahora, todos ellos, la clase política, cree que se necesita echar mano a nuestros ahorros previsionales. Por los ahorros bancarios vendrán después. Están acostumbrados a vivir de nuestro trabajo y ahora vienen por el dinero de nuestras jubilaciones.
¿Es esto constitucional?
Obviamente no. Por eso, no es casualidad que quienes impulsan estas iniciativas son los mismos que quieren cambiar la Constitución, destruir la barrera que impedirá este asalto.
- La Constitución vigente consagra la “intangibilidad” de los fondos de pensiones, intangibilidad que no puede garantizarse en manos del Estado que hace uso indiscriminado de todos esos recursos y que se resiste, por ejemplo, a devolver una mínima parte a los trabajadores afiliados a la ONP. ¿Si fueran intangibles y de propiedad del pensionista, porque no los devolvieron inmediatamente? ¿Porque el Estado se ha opuesto a esa devolución y ha dicho que se afectaría la estabilidad fiscal? Obviamente porque tal intangibilidad no existe y los fondos no están donde debieran estar.
- La Constitución establece que “el Estado garantiza el libre acceso a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas”. Cuando se integra todo en un sistema manejado por el Estado y no tengo opción de elegir, se acaba la libertad. Se vulnera esa regla, ya que ni lo mixto, ni lo privado existe, sino sólo lo público.
- La Constitución, en base al rol subsidiario que tiene previsto para el Estado, le encomienda a este “supervisar el eficaz funcionamiento de las entidades públicas, privadas o mixtas”. Si el Estado pasa a ser quien las controla y administra, ya no puede supervisarlas, no puede ser juez y parte a la vez.
- La Constitución sólo permite que el Estado administre los regímenes de pensiones estatales. Ponerlo a administrar los regímenes privados, aunque para ello llamen a “gestores de inversión”, es inconstitucional.
¿Lo permitiremos?
Está en nuestras manos impedir este nuevo asalto. Tenemos los caminos judiciales y constitucionales para impedirlo. Tenemos también el voto para hacer que no suceda. Este asalto es multipartidario. Sólo se salvan los partidos que están fuera del Congreso.
En 1987, la estatización de la banca hizo surgir el principal movimiento liberal en nuestra historia política reciente. Una afrenta de este tipo debiera dar para una gesta inmensa, similar o más firme, de todos los peruanos, de todos los que trabajamos más de 8 horas para sacar adelante a nuestras familias y confiamos en que nuestros ahorros previsionales sean nuestros y no caja chica de los políticos de turno.
El campo está fértil para que surja una nueva chispa liberal que haga respetar al trabajador, su esfuerzo y el fruto de su trabajo. Esta ley puede partir las aguas entre quienes viven del Estado (y por eso se quieren engullir todos los recursos) y quienes mantenemos al Estado con nuestro trabajo. Estos últimos exigen una voz firme que los represente, sin disimulos, sin ambages, sin cálculo, sin cucufatería, sin propósitos ocultos. Lampadia
