Imagínese, estimado lector, que está Ud. en un satélite orbitando alrededor de la Tierra. De pronto, le informan desde la estación de control que tiene que ir más rápido, ¿cuál es su primer impulso? Lo intuitivo y natural es acelerar; sin embargo, al aumentar la velocidad del satélite, nos alejamos más de la Tierra y entonces entramos en una órbita mayor con una trayectoria que demora más en dar la vuelta. Por el contrario, si frenamos, caemos en una órbita más cercana a la Tierra y, por lo tanto, daremos vuelta más rápidamente. A veces, por seguir el sentido común y no tomar en cuenta las leyes de la física, logramos resultados opuestos a los que buscamos.
Lo mismo ocurre en la economía. Las normas y leyes que emite un gobierno afectan los incentivos de las personas para actuar y muchas veces los resultados obtenidos son exactamente opuestos a los que se buscan porque no se toman en cuenta las respuestas de los agentes económicos frente a las nuevas instituciones o regulaciones que se crean.
Así, cuando fijamos precios en los mercados para “fomentar” su desarrollo, en realidad terminamos afectando negativamente esos mercados. Por un lado, la oferta disminuye, y por el otro, al no satisfacer la demanda, se generan mercados informales con precios bastante más altos de los que se tenían antes. Los peruanos hemos aprendido esa lección bastante bien y sabemos que los controles cambiarios llevan a mercados negros de tipo de cambio y los topes a las tasas de interés llevan a la desaparición del crédito.
Esta dinámica, que la tenemos muy clara para los mercados de bienes y servicios, todavía no la podemos internalizar para otros casos. Así, en el tema laboral, tenemos una Ley General del Trabajo que protege excesivamente a los trabajadores; como resultado de esto, el nivel de informalidad laboral en el Perú es de los más altos del mundo. Si bien es cierto que en el mercado laboral se transan servicios laborales de personas y debemos tener una regulación adecuada, no debemos olvidar que es un mercado y, por tanto, se rige por las leyes de oferta y demanda. La mejor protección del puesto de trabajo es la productividad del trabajador y no una norma legal. Un buen ejemplo de lo que ocurre cuando tenemos regímenes laborales flexibles es lo que ocurre en los sectores agrarios y de exportaciones no tradicionales. En ellos existe una fuerte demanda por mano de obra y son sectores que cuando llegó la crisis del 2009 se recuperaron rápidamente porque pudieron adaptarse a las condiciones de mercado sin tener costos laborales cuasi fijos que hubiesen generado descapitalización o, incluso peor, quiebras empresariales, con la consecuente pérdida permanente de los puestos de trabajo.
En el tema ambiental ocurre exactamente el mismo fenómeno. Veamos un ejemplo. El mayor daño que ocurre en nuestra Amazonía es la deforestación hormiga, causada por la falta de empleo de los nativos o migrantes. Oponerse a realizar concesiones forestales, en los plazos y áreas que se requiere para atraer inversión de largo plazo, o no querer entregar áreas deforestadas para monocultivos como la palma, impide la creación de nuevas fuentes de empleo y, por tanto, continuará el fenómeno de tala ilegal y deforestación. ¿O creemos que la normatividad ambiental estricta acabará con el mercado de madera ilegal en el país?
En ese sentido, la orientación del paquete de reformas que se presenta en el Congreso es positiva, y los avances en tener una regulación ambiental razonable, un mercado laboral más flexible y la simplificación y predictibilidad en los plazos y trámites tendrán un importante impacto en el crecimiento de largo plazo. El esfuerzo en este tipo de reformas no debe ser aislado, ni debe ser producto de las circunstancias de desaceleración de corto plazo que vivimos. Esperemos que en lo que queda del gobierno se continúen profundizando estas reformas y los gobiernos futuros mantengan la misma dirección y no pierdan sus primeros años creyendo que las altas tasas de crecimiento están garantizadas.
