Por: Patricia Teullet
Perú21, 4 de marzo de 2019
Perú21, 4 de marzo de 2019
Una vez más, en los últimos días, el uso de la violencia dio resultados: pobladores de la comunidad de Mayuriaga (en la región Loreto) atentaron contra el Oleoducto Norperuano y provocaron el derrame de miles de barriles de petróleo, con el consecuente daño ambiental y económico. Y no es la primera vez que la comunidad recurre a este tipo de presión.
Por otro lado, los transportistas de carga lograron, luego del bloqueo de carreteras, que se les rebajara el precio del diésel y que se postergara la exigencia de GPS, herramienta fundamental para controlar la velocidad, la forma de manejo y evitar las lamentables y frecuentes pérdidas de vidas por accidentes de tránsito. Tampoco es la primera vez que los transportistas recurren a este tipo de chantaje.
Aunque sea tentador criticar a este Gobierno frágil y voluble, hace ya muchos años (y muchos gobiernos) que el Estado cede a casi cualquier forma de violencia y no se atreve a reprimir estas manifestaciones.
Max Weber define al Estado en función a la existencia de un grupo que ostenta el monopolio de la violencia dentro de un territorio y este monopolio debe haber sido legitimado.
Vale decir, solo el Estado directamente o a través de una delegación expresa puede ejercer violencia legítimamente. Cualquier otro grupo que la utilice estará ejerciendo una actividad criminal y debe ser sancionado.
Atentar contra el Oleoducto es una actividad criminal. Bloquear las carreteras es criminal, tomar rehenes también…
Al ceder, sin consecuencias para quienes lo hicieron (incluso si los reclamos fueran justos), el Estado está renunciando a una condición fundamental de su existencia.
