Jaime de Althaus
Para Lampadia
La encuesta de IPSOS presentada el domingo en Cuarto Poder reveló que un 32% de los encuestados quisiera que el próximo gobierno efectúe “cambios radicales” al modelo económico.
Esa cifra es consistente con la votación que tradicionalmente ha recibido la izquierda radical en el Perú. No obstante, cuando IPSOS, en ocasión anterior, ha preguntado en qué consistirían esos cambios que se pide al modelo económico, las respuestas están lejos de ser radicales. En efecto, en una encuesta realizada en noviembre del 2020, se constata que lo que la gente entiende por cambios al modelo económico son sencillamente mejores servicios públicos: educación, salud, seguridad, combate a la corrupción, etc., como puede verse en el siguiente gráfico:
Los cambios radicales al modelo económico, como nacionalización de las empresas extranjeras y estatización de empresas privadas, aparecen en el último lugar, con relativamente poco apoyo en una pregunta con respuestas múltiples.
Los peruanos no se equivocan. El problema no está en el modelo económico propiamente dicho, es decir, en la propiedad privada y el libre mercado. Más bien hace falta profundizar en la titulación de la propiedad y en la libertad económica para liberar a las empresas y emprendimientos de las amarras regulatorias que les impiden nacer o despegar.
El problema está en el Estado que no se ha modernizado y se ha convertido en un peso sobre la economía y en botín político e ideológico, albergando dentro de él argollas e intereses orientados al beneficio propio, y no a servir con eficiencia a los ciudadanos. El crecimiento generado por el modelo ha producido ingresos considerables para el Estado, pero estos no han servido para mejorar los servicios sino para alimentar la corrupción y para generar sobre regulaciones que son la causa del otro gran problema: la informalidad.
Esto debería llevar a Keiko Fujimori a encaminar su campaña a plantear un cambio radical del Estado. Pedir un mandato para erradicar la corrupción, implantar la meritocracia y la gestión por resultados y rendimiento. El mandato se requiere porque este último congreso ha aprobado leyes clientelistas que consolidan un statu quo patrimonialista en el Estado, absolutamente contrario a la meritocracia al buen servicio público.
Aquí hay un círculo vicioso: argollas enquistadas desvían recursos o crean regulaciones para propiciar pagos por lo bajo. Esto genera corrupción e informalidad, y desprecio al ciudadano.
Una carrera pública meritocrática junto con un plan de simplificación administrativa y regulatoria y de digitalización del Estado, es fundamental.
Rescatemos las buenas experiencias
Con participación de la comunidad. En los 90 la atención de la salud en el primer nivel mejoró mucho gracias a los CLAS, Comités Locales de Administración de Salud. La comunidad designaba un comité que se encargaba de gestionar la posta médica. Los médicos eran contratados y por lo tanto tenían que demostrar entrega y rendimiento para que sus contratos fueran renovados. Esas postas atendían a los pacientes mucho mejor y muchas más horas que las postas regulares del ministerio. Tenemos que regresar a esos esquemas.
El debate político tiene que encaminarse a resolver los verdaderos problemas. Lampadia
