Por: Óscar Urviola
Perú21, 27 de junio de 2021
Uno de los pilares más importantes del sistema democrático es la participación ciudadana a través del voto para elegir a sus autoridades, que constituye el núcleo esencial de toda la legislación electoral, tendiente a garantizar el derecho de las personas a participar en el gobierno de su país, tal como lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuestra Constitución, que consagran el derecho de votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, con sufragio universal, igualitario y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
El sistema electoral del Perú lo conforman el JNE, la ONPE y el Reniec, a quienes se ha dotado de autonomía, pero con el mandato de mantener una relación de coordinación, cada uno dentro de sus funciones, para asegurar el verdadero sentido de la voluntad popular, que, por cierto, está sujeta a plazos perentorios y etapas que se cierran o precluyen para cumplir el calendario electoral, que tiene fechas fijas y que, en segunda vuelta, además, es corto.
Garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como es el derecho-deber del sufragio o voto, no se agota en garantizar que los ciudadanos concurran el día de los comicios a las urnas y depositen su voto en el ánfora; el mandato que contiene la Constitución obliga al JNE a fiscalizar la legalidad de todo el proceso, que solo culmina con el veredicto final e inapelable de proclamar al ganador.
Como todos los jueces, sin excepción alguna, el JNE es un juez constitucional en materia electoral, por lo que su actuación, fundamentación y decisión deben partir desde la Constitución, dejando de lado formalidades y disposiciones administrativas que restrinjan todo derecho consagrado en ella.
Las irregularidades que se han denunciado sobre supuestas firmas falsas, errores en la contabilización de votos y otros, que han dado lugar a recursos de nulidad, denegados en los Jurados Electorales Especiales, no pueden caer en saco roto y menos ante la última y definitiva instancia electoral como es el JNE, cuyo pronunciamiento no solo deberá ser aceptado y cumplido por todos, sino que despejará la duda y dará legitimidad y tranquilidad a quien asuma el gobierno el 28 de julio.
Confiamos en que la crisis que se ha generado en el JNE por el apartamiento de uno de sus magistrados, que lo deja sin quórum, sea superada con la inmediata incorporación del suplente, y pueda resolver todos los casos pendientes para estar en condiciones de proclamar al ganador con la debida anticipación, que asegure un cambio de gobierno constitucional oportuno y pueda abocarse a las urgentes tareas de gobierno, como es la atención sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, así como a los efectos económicos que esta ha producido.
En poder del JNE está la decisión más importante en la vida democrática del país y esperamos que esta sea la fiel expresión de la voluntad popular, cualquiera sea el ganador, como resultado de un proceso electoral que esté libre de cualquier otro factor que no sea el cumplimiento de la Constitución y la Ley, para que los peruanos podamos decir con seguridad, firmeza y orgullo: ‘Mi voto cuenta’.
