Últimamente se escucha acerca de la importancia de la acuicultura y la necesidad de impulsarla. Es cierto, esta actividad viene creciendo en el mundo, y nuestro país no puede ser ajeno a esta situación.
Para ello debemos contar con una legislación que logre promover la inversión. Por ejemplo, el sector agrario cuenta con un régimen tributario óptimo, que ayudó a su desarrollo. Según el Ministerio de Agricultura y Riego, dicho sector registró un superávit comercial en el primer bimestre del año.
La Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura (Ley No. 27460) incluía los mismos beneficios tributarios aplicables al sector agrario. Particularmente, una tasa reducida de 15% para el cálculo del Impuesto a la Renta. No obstante, dichos beneficios vencieron el 31 de diciembre último, dejando a la acuicultura en desventaja y perdiendo competitividad.
Si bien el impulso de la acuicultura se logra con la reducción de barreras burocráticas, infraestructura, tecnificación, investigación y capacitación, así como con fuentes de financiamiento, también debe establecerse un marco tributario óptimo que permita un desarrollo sostenido.
Podría evaluarse: (i) optimizar el Régimen de Recuperación Anticipada del IGV para que los acuicultores que exporten recuperen prontamente el IGV de sus inversiones, (ii) crear un régimen de reintegro tributario para los acuicultores que vendan localmente productos exonerados del IGV, toda vez que dicha situación genera un sobrecosto en la cadena productiva al no poder aplicar el IGV de las adquisiciones como crédito fiscal, (iii) incentivar la reinversión de las utilidades, otorgando un crédito tributario, que tenga como finalidad mejorar la infraestructura, entre otros.
