Karol Fernández, académica USS, y Klaus Schmidt-Hebbel, Profesor UDD y UC y execonomista jefe OECD
(El Mercurio, 6 de junio 2024; Extracto)
Revista Economía y Sociedad
10 de junio del 2024
En 1993 se aprobó en Argentina una reforma de pensiones que incorporó un sistema parcial de capitalización individual, manteniendo un régimen de reparto.
Ambos sistemas privado y estatal coexistían y todos los trabajadores (antiguos y nuevos) pudieron elegir el sistema en el cual cotizar, El 90% de ellos optó por el sistema de capitalización privado.
Durante los 14 años de existencia del sistema de capitalización individual se logró una tasa de rentabilidad anual real promedio de 6,6% sobre los ahorros de los trabajadores, muy por sobre la de otros países de la región con sistemas similares, La comisión promedio pagada a las administradoras (AFJP) disminuyó de 3% de los salarios en 1995 a 1,25% en 2006.
A fines de 2008, después de varios meses de bajas rentabilidades de los fondos durante la crisis financiera global (como sucedió en todo el mundo), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner utilizó lo anterior como una (mala) excusa para abolir el sistema de capitalización individual. El gobierno expropió los ahorros de 9,5 millones de trabajadores. En total, alrededor de US$ 30,000 millones fueron confiscados,
La razón de fondo de la expropiación fue allegar recursos a un Estado quebrado, con déficits fiscales crecientes, una deuda insostenible y un gobierno sin acceso a nuevo financiamiento,
Los ahorros expropiados fueron transferidos a un fondo estatal, dejando de existir las cuentas individuales, En adelante, todos los afiliados se jubilarán bajo las reglas del sistema de reparto, incluyendo el requisito de cotizar por al menos 30 años para acceder a una pensión.
Ni los trabajadores expropiados de sus ahorros (incluidos los voluntarios), ni las empresas expropiadas de su negocio (AFJP y compañías de seguros) recibieron ningún tipo de compensación.
Esta expropiación argentina es el único caso conocido en el mundo en que los activos pensionales de los trabajadores fueron transferidos al gobierno, sin ofrecer una alternativa a sus dueños.
Metlife, dueño de una de las AFJP expropiadas, demandó en 2017 al gobierno argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inverstones (Cladi), por la violación del Tratado de Protección de la Inversión (TBI) firmado entre Estados Unidos y Argentina. Tras un largo juicio, el pasado 5 de abril el tribunal arbitral determinó que Argentina había violado el TBI, condenando al Estado a compensar monetariamente al demandante, Este laudo siembra un importante precedente para el mundo, porque deja de manifiesto que el término de las AFJP fue un acto expropiatorio y no solo un cambio normativo, como argumentó Argentina en su defensa.
Hacia 2020 las contribuciones cubren en torno al 60% del pago de beneficios, el gasto público en pensiones se duplicó entre 2006 y 2020 (de 5% a 11,3% del PIB), y se proyecta que el déficit del sistema de reparto llegará a un rango de 3,5-5,1% del PIB hacia 2040 (Urbiztondo, 2020).
Lo insólito de esto es que después de la expropiación de los cuantiosos fondos privados, el sistema estatal de reparto es más insostenible que antes.
Otras consecuencias negativas incluyen la pérdida de transparencia del sistema, la concentración del 85% de la cartera de inversiones en activos estatales de dudosa rentabilidad y la eliminación de la Superintendencia de Pensiones.
Peor aún: se estima que solo el 47% de los trabajadores expropiados cumplirá con el requisito de cotizar por 30 años para tener derecho a una pensión en el sistema de reparto (Apella, 2009). En otras palabras, el 53% de los trabajadores expropiados no tendrá derecho a una pensión bajo el régimen público monopólico.
