Por Julio César Bustamante Velasco. Jefe del Área Legal y Regulatoria de la AFIN
(El Comercio, 17 de Abril de 2015)
Los mitos y temores se originan y alimentan de la desinformación o la información distorsionada. En 1998 un estudio sugirió un vínculo entre las vacunas contra el sarampión, rubeola y otras enfermedades con trastornos autistas. Tiempo después el estudio fue retirado por la publicación que lo divulgó al develarse irregularidades en el mismo, pero el daño estaba hecho. Nacieron infundados temores en la población, que provocó la caída en las tasas de inmunización y el rebrote de enfermedades. Desde entonces, por más de 15 años, la comunidad científica ha señalado que no existen evidencias que vinculen las vacunas con trastornos autistas.
Lo mismo sucede en países de todo el mundo, entre ellos el Perú, respecto de la infundada relación atribuida a las antenas de telecomunicaciones y los riesgos que representarían para la salud humana. Personas con intereses comerciales o personales, utilizando estudios sin consenso científico ni contraste empírico, manipulan la información alarmando a la población y consiguiendo la oposición al despliegue de antenas, muchas veces incluso con apoyo de sus alcaldes.
Como en el caso de las vacunas, hoy existe consenso científico internacional liderado por la OMS sobre la inexistencia de indicios razonables que demuestren riesgo para la salud por las emisiones electromagnéticas de las antenas de telecomunicaciones. Este consenso se alcanzó a través de más 20 años de investigación y más de 1.500 estudios científicos sobre las telecomunicaciones móviles e inalámbricas realizados en poblaciones, animales y pruebas de laboratorio.
Sobre dicho respaldo y las recomendaciones de la OMS, en el 2003 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud y la PCM regularon los límites máximos permisibles de radiación no ionizante en telecomunicaciones, que cumplen estrictamente todas las antenas instaladas por las empresas prestadoras de estos servicios en el país. Inclusive, el MTC ha comprobado en más de 1.700 mediciones nacionales que el promedio de radiación de las antenas alcanza solamente el 2% de lo permitido.
Las barreras impuestas por municipios locales y provinciales a escala nacional a la instalación de antenas e infraestructura de telecomunicaciones, desconociendo las leyes que facilitan y agilizan su despliegue, motivaron que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) complemente sus esfuerzos con una campaña comunicacional que busca crear conciencia y sensibilizar acerca de la imperiosa necesidad de instalar al menos 30.000 antenas adicionales en el país que contribuyan al desarrollo económico y social. A más antenas, mejor comunicación.
Los únicos perjudicados por el déficit de antenas son los usuarios al no poder utilizar los servicios contratados, que en algunos casos pueden salvar una vida. El Estado exige a los operadores de telecomunicaciones brindar servicios con niveles muy específicos de calidad, sin embargo la cobertura y calidad se afectan directamente por la falta de antenas o el desmontaje arbitrario de las instaladas por parte de los municipios. Esto es tan grave como bloquear una carretera.
Los ciudadanos no podemos tener servicio eléctrico sin cables que nos lleven la electricidad, ni servicios de gas o agua sin tuberías que los transporten, de la misma forma: sin antenas, no hay comunicación.
