Jorge Cárdenas Bustios, Profesor – Universidad del Pacífico
Gestión, 28 de enero de 2016
En estos días, la mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República han presentado las principales ideas de su respectivo plan de gobierno y en ellos hablan de acabar con la informalidad, pero ninguno menciona una estrategia que realmente permita acabar con ella, tal vez porque reconozcan que el principal informal termina siendo el propio Estado.
En ninguna parte del mundo se acepta que exista doble tributación. Es decir que se pague Impuesto a la Renta por otro impuesto que se ha pagado. Acá eso sucede. El asunto es que muchos no se dan cuenta y los que se dan cuenta se quedan callados. De esta manera, el propio Estado se convierte en el principal informal.
La propuesta concreta que permitiría acabar con la informalidad sería conseguir una gran masa de agentes tributarios, y eso se puede lograr si acaso se eliminan tanto la boleta de venta como los recibos por honorarios. Solo deberían existir facturas y estas deben detallar el Impuesto General a las Ventas (IGV). Los contribuyentes exigirían sus facturas si se les permitiese descontar de la renta imponible lo pagado por IGV, porque no hay derecho el tener que pagar Impuesto a la Renta por el IGV pagado.
De primera impresión, puede parecer que el Estado disminuiría su recaudación, pero si con una medida como esta se logra incorporar al sistema formal a todos aquellos que eluden sus obligaciones tributarias, que en este país son muchos, la recaudación sin lugar a dudas aumentaría.
Las empresas que efectúan una venta seguirían descontando el crédito del IGV que pagaron al adquirir sus mercaderías del que tienen que pagar cuando efectúan su venta y, en consecuencia, no se perjudicarían. El Estado recaudaría más por el IGV, si todos los contribuyentes de quinta categoría se convirtieran en agentes tributarios que exijan la factura, motivados por el pequeño ahorro que tendrán en el Impuesto a la Renta. La informalidad así sería vencida.
Si uno observa el monto recaudado vía Impuesto a la Renta de los trabajadores de quinta categoría se daría cuenta de que el monto no es significativo en comparación con el IGV, así que la recaudación total aumentaría.
Los profesionales que actualmente emiten recibos por honorarios están ya todos registrados y sería imposible que se convirtieran en evasores de impuestos, y tendrían como beneficio poder usar el crédito tributario del IGV para la compra de bienes que requieran para ejercer su profesión, como puede ser incluso un vehículo, si es que consideran que eso puede ser más conveniente que deducirlo de la renta imponible. Lo importante es que declaren sus ingresos y paguen el impuesto que les corresponde.
Obviamente que existirán externalidades positivas en un planteamiento de este tipo, como lo es que muchos profesionales opten por crear empresas que les permitan adquirir bienes de alto valor sin pagar el IGV por el crédito fiscal que obtienen al emitir facturas en lugar de recibos por honorarios y como estos representan una venta de servicios y, por lo tanto, deberían estar afectos al IGV, por lo que también resulta conveniente eliminarlos y que solo se emitan facturas con la especificación exacta de cuánto es el IGV gravado.
Me encantaría ver una propuesta de este tipo en los candidatos. Estoy seguro de que bien explicada puede significar para ellos el triunfo el 10 de abril.
