Gobierno pretende revocar licencia de operación ante infracciones ambientales
Por: Gobierno de Castillo – Cerrón
Gestión, 14 de Julio del 2022
Un nuevo proyecto se prepara desde el gobierno. Se trata de una modificación de la ley general del ambiente, que crea una nueva sanción para las empresas con miras a revocar el título habilitante en medio de una sanción ambiental. Es decir, quitarle a la empresa minera, petrolera o de otro sector, la concesión o la licencia de operación.
La iniciativa se llama “Ley que incorpora y modifica artículos de la ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
En dicha iniciativa se incorpora el artículo 136-A1, qué detalla que cuando una empresa haya sido sancionada por incumplir una medida preventiva dispuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en medio de una declaratoria de emergencia ambiental, este podría revocarle el título habilitante.
Uno de los casos más cercanos ha sido lo sucedido con Repsol, tras el derrame de petróleo en Ventanilla, si la medida hubiera estado aprobada se le retiraría la licencia a Repsol de la operación de la Refinería La Pampilla.
La otra empresa que podría entrar en el mismo escenario es Petroperú por los derrames en el Oleoducto Norperuano, pero se buscaría exceptuar a la estatal de este tipo de sanciones.
Hasta el momento la máxima sanción de OEFA, es una multa de un máximo de 30000 UIT (S/ 138 millones).
Sin embargo, con el proyecto de ley de oefa podría dejar sin efecto la concesión o autorización para la operación de las actividades involucradas.
Proceso Administrativo
El segundo punto que trae la norma es que solo con el proceso administrativo se podría imponer la sanción de revocación, sin llegar al Poder Judicial.
La norma dice: “La Autoridad Sancionadora remite la resolución de sanción, qué agota la vía administrativa”, en el artículo 136.A2.
Tessy Torres, docente de la Universidad del Pacífico y especialista en supervisión y fiscalización, sostiene que ante esta iniciativa no se advierte lo que pasaría con la medida si es que la empresa recurre al Poder Judicial y le otorgan la razón .
¿El Estado tomará control?
Una de las grandes dudas que surge con el proyecto es que pasará con la empresa tras revocar el título habilitante.
Y es que la norma indica que la autoridad competente dará “medidas excepcionales” para continuar con la operación, hasta que proceda el cese de la actividad.
Ante esta situación, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, se pregunta “¿quién asume ese control?, esta es una medida extraña, y se deja un gran vacío y más incertidumbre para la inversión, pues confiscatoria, y qué le hace más daño a la inversión de lo que ya está afectada. Es como una guerra a muerte contra todo lo que es la actividad extractiva, contra lo que es minería e hidrocarburos”, dijo.
Según fuentes del sector, en el extremo, la medida podría aplicarse políticamente a casos como el mencionado el año pasado cuando se anunció el cierre de cuatro mineras por supuestos daños ambientales.
