Fernando Cáceres Freyre & Hans Rothgiesser
El Comercio, 26 de agosto del 2024
“Hay datos de sobra para culpar a ciertos políticos de haber tomado una decisión que ha empujado a la informalidad a muchos trabajadores”.
Los sectores agricultura, pesca y minería generan el 23,7% del empleo en el Perú (INEI), siendo la agricultura la que más aporta. No será el que más aporta al PBI, pero sí el que da mayor cantidad de empleo a los peruanos. Por eso, lo que le pase a la población económicamente activa del agro nos debería importar, y mucho.
Hace algunos días, AGAP, el gremio de las empresas , soltó una bomba que ha pasado medio desapercibida. Desde agosto del año pasado, se estarían perdiendo 85.000 empleos formales cada mes en este sector.
La agroindustria peruana tenía una ley de promoción que tuvo excelentes resultados (Ley 27360), pero nuestros políticos decidieron tumbársela en el 2020 sobre la base de la idea de que ya se habían beneficiado demasiado tiempo con un régimen laboral especiagroexportadorasal. Una idea instalada en el relato de la izquierda progresista. Desde entonces, las nuevas inversiones se redujeron.
Claro, uno podía ver el régimen agrario como especial, y hasta lo llamaban proteccionista, pero si uno reconoce que en el Perú tenemos una legislación que genera altos costos laborales versus otros países, reducir esos costos acercaba las condiciones para competir por satisfacer la demanda global de productos como la palta, los arándanos, el ají, etc.
De hecho, el Perú ocupa el puesto 77 en el pilar mercado laboral y el puesto 134 en el indicador de prácticas de contratación y despido (Foro Económico Mundial, 2019). Otro ejemplo notable es que somos el país con más días libres remunerados (46) de todos los países de la OCDE y la Alianza del Pacífico.
El régimen agrario derogado tuvo éxito. Las empresas agroexportadoras que deseaban beneficiarse de los tratados de libre comercio tenían que cumplir con las normas, y esas normas redujeron los costos para que nuestras empresas se vuelvan más competitivas con sus pares de otros países. Cuando estás en la cola de los ránkings de costos laborales, bajar los costos no es proteccionismo, sino adoptar una política procompetitividad.
Tomemos en cuenta lo siguiente. Mientras duró este régimen especial, la informalidad en esos sectores cayó, el ingreso mensual de los trabajadores se multiplicó casi por cuatro –si eras informal, pero allegado a ese sector, a más del doble– y la remuneración promedio en el sector agropecuario formal terminó por encima de la remuneración mínima vital.
En otras palabras, hay datos de sobra para culpar a ciertos políticos de haber tomado una decisión que ha empujado a la informalidad a muchos trabajadores del sector. Habiendo tanto candidato de derecha liberal y conservadora, ¿alguno se animará a levantar esta bandera para diferenciarse?
En principio, uno tendería a pensar que reducir la carga laboral es políticamente inviable. Sin embargo, si hay datos de sustento y se trata de algunos sectores o zonas en las que se propone un régimen menos costoso para atraer inversión nueva, quizá se pueda avanzar.
Podría pensarse en un régimen laboral especial para la agroexportación y para la zona económica especial de Chancay a manera de laboratorios, a cambio de ciertos compromisos de los inversionistas sobre el empleo formal. Después de todo, la inversión extranjera, como dice Cepal (2024), es un “factor de desarrollo productivo sostenible e inclusivo”.
Si cada mes se pierden 85.000 empleos formales en el agro y este es el sector que más empleo genera, la oportunidad política está delante para quien quiera tomarla.
