El Gobierno a través del ministro Mayorga le ha exigido a Pluspetrol retirarse en tres días de Pichanaki, debido a las protestas en su contra. “Sé que ustedes piden la salida de Pluspetrol. Le pediré que lo haga en tres días”, dijo el ministro sobre una plataforma.
Era urgente darle una solución a este problema que el Gobierno abandonó por varias semanas hasta cobrar la vida de una persona, causar más de treinta heridos, y volverse casi incontrolable. ¿Pero era esta la mejor solución?
Ha sido una conducta permanente de este Gobierno el dejar que los problemas crezcan y se agraven. Y esta no ha sido la excepción.
Una prioritaria atención y un bien encaminado diálogo desde el primer momento en que empezó el malestar de la población por la presencia de Pluspetrol –informando clara, masiva y transparentemente sobre las actividades de la empresa en la zona; exigiendo una conducta empresarial y ambientalmente responsable a la empresa; promoviendo una actitud socialmente responsable y concertada entre todas la partes; y fiscalizando exigentemente- hubiera evitado que la población llegue a demandas radicales y a los enfrentamientos en las calles. Pero no fue así, el Gobierno –más preocupado por defender a la pareja Humala de las sospechas y acusaciones- “se escondió”, le dio -una vez más- la espalda al problema, y la población se exasperó.
Hoy, con el problema que ya le estalla en las manos, y temerosa de cargar sobre sus espaldas –por su propia culpa- con un “baguazo”, envía a dos cuestionados ministros a hacer –como políticos tradicionales en un mitín- lo que la gente le pide: ordenarle públicamente al inversionista “que se vaya con todo lo que ha traído”. ¿Y el diálogo?, ¿quiénes se sentaron a la mesa y en qué cedieron?, ¿cuáles fueron los puntos que se discutieron?
¿Cuál es el mensaje que se ha dado con esta “solución”? A los inversionistas se les dice que no hay seguridad jurídica en el país, que el Gobierno ya perdió el control de la situación, y que si –en lo que resta de su mandato- tiene que elegir entre el clamor popular, el diálogo y la concertación, y hacer respetar el Estado de derecho, se va por lo primero sin dudar.
A la población se le dice que si no quiere que se desarrolle algún proyecto u operación en su región, solo tiene que salir a las calles –ya ni siquiera tiene que demandar la consulta previa- porque este Gobierno no tiene la capacidad para evitar los conflictos, para prevenirlos, para tender puentes entre inversionistas y pobladores, para instalar mesas de diálogo exitosas, y hará lo que la población le pida bajo presión.
Y a las autoridades se les dice que si no pueden o no quieren prevenir, evitar o controlar un conflicto, que no se preocupen porque en la situación límite llegará el Gobierno, le dará la razón a la población y se botará –“con todo lo que ha traído”- a los inversionistas.
Urge una reestructuración ministerial.
