Por: Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Gestión, 11 de marzo de 2020
Una asociación público-privada (APP) es un contrato que permite la participación del sector privado en la provisión de bienes y servicios públicos vinculados a diversos tipos de infraestructura productiva o social. Se trata de una mejor asignación de las fortalezas y riesgos de los proyectos entre el sector privado y público.
La operación privada ocurre dentro de parámetros de calidad y precio pactados en el momento de la concesión para la provisión de los servicios. Bien usados son instrumentos claves para mejorar la competitividad del país. Así, el sector privado deviene en un socio estratégico del sector público en el alcance de los objetivos de las políticas públicas.
Su éxito radica en un adecuado diseño de los incentivos para atraer a operadores de largo plazo con capacidad financiera y operativa que diseñen, construyan, operen y mantengan las obras.
Usualmente estas asociaciones son para plazos largos, digamos 30 años, y los activos usualmente revierten al sector público luego del proceso de la concesión. Como son plazos largos es muy probable que surjan diversos problemas contemplados o no en los contratos iniciales. Por ello, se encarga a una institución pública el manejo de dichos contratos y los mecanismos de solución de las controversias que puedan aparecer, como cambios en las condiciones de algunos contratos que afecten el equilibrio económico financiero de los proyectos.
Lamentablemente, en el Perú las asociaciones público-privadas están teniendo problemas de diversa índole. Si bien es cierto que la economía peruana ha podido atraer a algunos operadores de clase mundial, la debilidad institucional ha aumentado en estos años, lo que conlleva a riesgos de deterioro de los servicios, arbitrajes y que, por el boca a boca, nos vayamos quedando con operadores de segundo nivel.
La corrupción de las principales autoridades políticas, luego del destape de Lava Jato, ha contribuido –y con razón– a una mayor suspicacia de la prensa y la ciudadanía. El deterioro salarial de los mejores cuadros del Estado peruano desde el 2006 (que aún no se recupera) ha afectado también el capital humano, con honrosas excepciones. Las reacciones a la defensiva de los funcionarios, ante la Contraloría y fiscales poco acuciosos, también han contribuido a la sensación de parálisis o a la parálisis misma. Por último, la elevada rotación de funcionarios públicos, desde ministros, viceministros y directores nacionales, ha causado también severos retrasos en las diversas etapas del proceso de inversión privada en infraestructura.
Algunas licitaciones mal diseñadas, basadas solo en menores precios, pueden provocar ofertas que luego no se podrán cumplir. Por otro lado, existen varias iniciativas privadas cofinanciadas en espera de declaratoria de interés y otro tanto de iniciativas estatales en espera de adjudicación.
Otro factor de lentitud del proceso de inversión es la liberación de áreas para los proyectos. Así como la proliferación de licencias municipales, la politización de algunos proyectos regionales y locales y la microcorrupción.
Y por si fuera poco, la reciente intromisión de algunos jueces, abusando de la figura del habeas corpus, para objetar el pago de peajes fuera de los marcos establecidos en los arbitrajes.
