Eduardo Figari
Arquitecto
Para Lampadia
Fenómenos recurrentes, previsibles, ponen al descubierto la vulnerabilidad de nuestro modelo de organización del territorio.
Hace más de medio siglo que la masiva migración del campo a la ciudad desbordó la capacidad de la sociedad y el Estado para manejar el acceso al territorio y construir ciudad. Se inició un proceso espontáneo de ocupación de las tierras rústicas en torno de las ciudades. El caso más notable es el de Lima.
Lima se convirtió en objeto de estudio a nivel internacional, destacándose la creatividad de las poblaciones que, sin presencia estatal, crearon asentamientos cuya consolidación ha tomado más de una generación. Pero pasan los años y la velocidad de la migración ya no pueden seguir siendo pretexto para descuidar nuestras obligaciones. Ahora el Perú tiene los recursos económicos e institucionales para liquidar ese período y reformar y modernizar nuestras ciudades.
Se atribuye el problema a la informalidad, a la falta de planificación e incumplimiento de las leyes. Estas no son causas, son los efectos de la falta de liderazgo, compromiso y visión.
El ordenamiento legal vigente, construido durante la segunda mitad del siglo pasado no solamente legitima, sino que favorece la informalidad. COFOPRI (organismo de formalización de la propiedad informal) lo dice todo. El camino es obtener «propiedad informal» y el Estado ofrece y garantiza su «formalización». No se puede atribuir responsabilidad a quienes invaden siguiendo el camino fijado por la Ley.
Los recientes desastres han creado las condiciones para un excepcional consenso y constituye una obligación de los sectores dirigentes de nuestra sociedad asumir las responsabilidades que corresponden.
En el primer lugar en la agenda nacional debe ubicarse la reforma y modernización de nuestras ciudades.
El principal obstáculo es la falta de legitimidad de nuestras instituciones y de quienes tienen la obligación de velar por su vigencia. Y esta es una tarea política, que debe encararse sobre sólidas bases técnicas e institucionales.
El objetivo central de esta modernización es acabar con la exclusión y marginación, con la ciudad formal rodeada de asentamientos precarios que siguen expandiéndose, con las barreras físicas y normativas que impiden que todos los ciudadanos tengamos la misma oportunidad de acceso al uso y disfrute de los beneficios de la ciudad moderna.
Este es un objetivo que puede galvanizar la voluntad colectiva de los peruanos. Pero requiere compromiso y voluntad para hacer sacrificios y concesiones, sobre todo de los que actualmente gozan del privilegio del uso y disfrute de la ciudad moderna.
Propongo que se constituya un «estado mayor» encabezado por el Presidente de la República e integrado por cuatro ministros (presidente del consejo de ministros, ministros de economía, transporte y vivienda) que encabece un gran esfuerzo nacional de modernización de nuestras ciudades.
ESTRATEGIA:
- Reformar los sistemas urbanos existentes. Los recientes desastres son un poderoso llamado de atención que pone al descubierto nuestra vulnerabilidad y graves deficiencias en el manejo del territorio, que involucran a una población mucho mayor que la directamente damnificada. Son las ciudades existentes las que deben ser modernizadas, no crear «ciudades satélite».
- Inversión pública en infraestructura integradora (recursos presupuestales y obras por impuestos) para generalizar un nivel básico de servicios y equipamiento, con prioridad para el transporte público. Las ineficiencias en la movilidad urbana generan enormes pérdidas económicas que, de ser revertidas, significarán la creación de valor y su difusión.
- Inversión pública en acondicionamiento territorial, principalmente orientado a la seguridad, como es el caso de reforzamiento y mantenimiento de cuencas y control de ocupación de zonas de alto riesgo sísmico.
- Para el caso de Lima, la estrategia para transporte urbano debe basarse en el mejoramiento y ampliación de la red del Metropolitano hasta 300 km de troncales con 400 estaciones.
- Sistema de tren de cercanías para organizar el sistema urbano metropolitano sobre bases existentes. Conectar la conurbación de Lima desde Huacho hasta Pisco.
- Reforzamiento y ampliación de las fuentes de agua potable y redes de saneamiento.
- Inversión equitativa en equipamiento y servicios urbanos de educación y cultura, salud y recreación y en la generación de espacio público accesible y de calidad.
- La construcción de las unidades de vivienda será afrontada principalmente por la iniciativa privada. El objetivo público de la política de vivienda debe ser medido en avance de formación de ciudad, y no principalmente en el número de unidades familiares construidas. La calidad de la vivienda depende más de la calidad de la ciudad que de la solución particular.
- Simplificación radical de normas y procedimientos y establecimiento de exigencias mínimas válidas para todos, erradicando normas que clasifican ciudadanía de primera y segunda clase
- Desterrar la utilización de la zonificación como instrumento de segregación y exclusión. Cambiar el patrón de barrios segregados y homogéneos por uno de barrios inclusivos, integrados y heterogéneos.
- Localización: prohibir, bajo responsabilidad penal, la formalización de propiedad con fines de vivienda en zonas particularmente vulnerables, como son cursos de huaycos en caso de lluvias y rellenos inestables en casos de sismos. En el caso de situaciones de riesgo calculado (como zonas vulnerables a tsunami) debe preverse mecanismos que garanticen la protección de vidas humanas.
Lampadia
