Por: Cayetana AljovÍn, Predidenta de la SNP
Gestión, 5 de marzo de 2020
En el sector pesquero existen dos variables que impactan fuertemente en su desempeño: el clima y las políticas regulatorias. En el primer caso, el ejemplo más reciente es lo sucedido en la segunda temporada de pesca 2019, que se inició con volúmenes de desembarques que superaron las 700,000 TM en noviembre; pero que luego por temas climatológicos se tornó inaccesible para la flota industrial, lográndose capturar así solo el 36% de la cuota asignada.
Ello no era algo impredecible, pues el propio informe del Imarpe advertía que la temporada tendría una incidencia de 67% de juveniles y que se esperaba el arribo de ondas Kelvin cálidas, las que contribuirían al incremento de anomalías en la temperatura del mar, lo cual podría originar que el recurso se disperse o se profundice.
Este escenario, sin embargo, no es nuevo ni extraño para los que trabajan en el sector. En la segunda temporada del 2010 y del 2017 se registró también una alta presencia de juveniles que complicó la pesca. Así, solo se logró pescar el 19.9% y el 46.2% de la cuota, respectivamente.
Otra variable que influye en el desempeño del sector es la “política regulatoria”. Un primer ejemplo es lo que ha sucedido con la pesca industrial en el sur del país con la eliminación del Régimen Especial de Pesca (REP) durante la administración de Humala. Esta situación ha ocasionado que, a la fecha, se hayan cerrado siete plantas pesqueras entre Arequipa e Ilo y se hayan perdido así miles de empleos y generado daño económico a las comunidades del sur.
Pero no solo eso. La referida política ha permitido que las capturas de la flota chilena superen largamente a las del Perú. Así, según data oficial de Chile, en el 2019 capturaron 553,000 TM de anchoveta en su zona norte, mientras que en el sur del Perú solo se pescaron 209,000 TM. A ello, habría que añadir la preocupación que existe actualmente en el sector porque hasta la fecha Produce no ha abierto la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona sur, la cual usualmente se inicia entre enero y febrero.
Otro ejemplo de políticas públicas que inciden negativamente en la industria son los sobrecostos regulatorios, como los derechos de pesca, que fueron incrementados, sin mayor sustento, en 70% el año pasado, así como los pagos por supervisión y vigilancia, que están a cargo de la industria cuando deberían ser pagados por el Estado. La suma de todos estos sobrecostos no solo supera a los de Chile, sino también a las cargas de los países de la OCDE, haciéndonos menos competitivos.
Finalmente, un último ejemplo de los vaivenes políticos es la emisión del Decreto de Urgencia 015-2020, que modifica la estructura del Imarpe, y que genera preocupación porque podría afectar la autonomía, independencia y solvencia técnica del ente científico. Si hay actos de corrupción, que se investiguen a fondo, pero que ello no se utilice como pretexto para el manejo político de una institución que por años ha sido reconocida por diversos organismos internacionales.
Como se puede advertir, si bien el clima es una variable que nada ni nadie puede controlar, lo que sí se puede hacer desde el Estado es generar institucionalidad, transparencia, predictibilidad y estabilidad jurídica para los inversionistas. En suma, lo que se requiere es un shock de confianza que permita que la actividad pesquera siga siendo el segundo motor más importante de la economía peruana, y así seguir generando más de 700,000 empleos de calidad, contribuyendo con impuestos y divisas, que es lo que a larga permite reducir la pobreza y crear las condiciones para un país menos desigual.
