AXPEN
Gestión, 7 de mayo del 2026
Guadalupe Gamboa
La labor legislativa del Congreso no es lo único que se debe analizar. Con las elecciones presidenciales 2026 se vuelve a poner en debate propuestas que podrían implicar cambios en la regulación laboral, pero hacia su deterioro.
Mientras quedan algunos meses para el inicio del próximo Gobierno, el Congreso de la República mantiene en agenda una serie de proyectos que podrían ser riesgosos para el mercado laboral. Un informe de Axpen –una alianza de Apoyo Consultoría y Vinatea & Toyama–, compartido con Gestión, identificó al menos cinco iniciativas que están listas para llevarse al Pleno del Parlamento y podrían aprobarse antes de concluir el periodo legislativo.
Entre las medidas “peligrosas” están el proyecto que busca incluir una sobretasa del 35% para el trabajo nocturno. Según Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, esta iniciativa afectaría a sectores de servicios esenciales como clínicas, centrales de emergencia, seguridad, lo que “podría incluso generar una liquidación de empresas”.
Otro proyecto relevante es el que propone modificar el cálculo de utilidades, asignando el 75% del monto en función de los días trabajados. Esta medida, indicó, afectaría a los trabajadores de mayor calificación técnica y mayor productividad pues desincentivaría el desempeño laboral.
A estas iniciativas se suman otras propuestas, como la protección contra el despido para padres con parejas gestantes desempleadas (sujeto a reconsideración en el pleno) o el descanso obligatorio los sábados por motivos religiosos.
“Si el Congreso aprueba todas estas medidas sería un gran golpe a la inversión privada y al empleo formal, que de todas maneras caería. Creo que en empresas que trabajan 24 horas durante los 7 días de la semana, donde la mano de obra representa más del 50% del costo de producción, podrían hasta quebrar”, advirtió Toyama.
Si bien existen mecanismos legales para cuestionar estas normas, como acciones de inconstitucionalidad o amparos, el especialista señaló que se trata de soluciones posteriores. Lo positisis, vo, añadió, es que durante la próxima gestión legislativa, al dividirse en dos cámaras, el avance de iniciativas laborales perjudiciales podría ser menor.
Riesgos en próximo Gobierno
La labor legislativa del Congreso no es lo único que se debe analizar. Con las elecciones presidenciales 2026 se vuelve a poner en debate propuestas que podrían implicar cambios en la regulación laboral, pero hacia su deterioro.
El referido informe también advierte que, aunque no se prevén cambios estructurales, sí se podría impactar en el día a día de las empresas y, por ende, en la creación de nuevos empleos.
En principio, el estudio precisó que un eventual Gobierno que plantee iniciar una Asamblea Constituyente o reformar el capítulo económico de la Constitución tendría al Congreso como el principal freno, es decir, necesitaría de una mayoría parlamentaria.
Esta barrera constitucional protegería también posibles cambios abruptos en el Banco Central de Reserva (BCR) o la derogación de contratos ley. Sin embargo, existen una serie de medidas que el Poder Ejecutivo podría ejecutar por sí solo.
De acuerdo con el análisis el riesgo se ve en un Poder Ejecutivo que realice modificaciones en la regulación laboral vía decreto o reglamentos. Esto ya ocurrió antes durante el Gobierno de Pedro Castillo, cuando se aplicó la restricción a la tercerización laboral en el 2022, que fue recientemente anulada por la Corte Suprema.
“Los temas macroeconómicos y de estructura del empleo difícilmente podrían cambiar. Sin embargo, los temas vinculados al día a día de las empresas sí pueden ser impactados de manera relevante […] Un Poder Ejecutivo muy orientado a los temas sindicales puede introducir cambios más radicales que los vividos en la época de Castillo. Esto pone mayores dificultades que casi hacen imposible los contratos a plazo fijo”, comentó Toyama.
En ese sentido, el laboralista mostró preocupación por posibles decisiones del Poder Ejecutivo próximo como cambios al cálculo de la CTS y gratificaciones, más barreras a los ceses colectivos o suspensiones laborales, mayores facultades para los sindicatos e incluso otra norma que dificulte la tercerización laboral.
A esas medidas se suma la capacidad de los gobiernos para definir la política salarial, incluyendo incrementos de la Remuneración Mínima Vital (RMV). El riesgo es que no se respeten criterios técnicos, diálogo social y previsibilidad para evitar un mayor golpe a las empresas.
