David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Para Lampadia
Una de las ideas más influyentes en la economía del desarrollo contemporánea es que los países no fracasan por falta de oportunidades, sino por la incapacidad de coordinarlas.
La literatura —particularmente desde los trabajos de Dani Rodrik
(https://www.hks.harvard.edu/publications/industrial-policy-twenty-first-century)
Y el enfoque de diagnóstico de crecimiento de Ricardo Hausmann, Dani Rodrik y Andrés Velasco
(https://drodrik.scholars.harvard.edu/publications/growth-diagnostics)—
Ha mostrado que las economías quedan atrapadas en equilibrios de bajo desempeño cuando múltiples fallas de coordinación se refuerzan: el crédito no fluye porque no hay garantías adecuadas, pero las garantías no se desarrollan porque no hay crédito; las empresas no exportan porque no acceden a servicios clave, pero el Estado no los articula porque no hay masa crítica exportadora.
En ese marco, dos políticas recientes en el Perú permiten observar cómo intervenciones bien diseñadas pueden comenzar a romper estos equilibrios. No se trata de políticas masivas ni de grandes reformas estructurales, sino de mecanismos específicos que reducen fricciones y alinean incentivos.
El sistema moderno de garantías mobiliarias, cuya operación efectiva se consolida en 2025, representa un cambio profundo en la lógica del financiamiento.
Durante décadas, el crédito formal estuvo condicionado por la disponibilidad de activos inmobiliarios, excluyendo a una gran proporción de unidades productivas.
Al permitir que activos móviles —inventarios, maquinaria, cosechas o derechos de cobro— funcionen como colateral, y al reducir los costos de registro mediante una plataforma digital, se corrigen simultáneamente problemas de información y de transacción que restringían el crédito.
Los resultados iniciales son particularmente reveladores.
Entre marzo y diciembre de 2025 se registraron más de 186 mil operaciones de constitución de garantías por montos superiores a S/ 200 mil millones, de los cuales alrededor de S/ 100 mil millones estuvieron directamente vinculados a préstamos —cerca de 9% del PBI.
Más importante aún, se observa un cambio cualitativo en la estructura del crédito: mientras antes más del 65% de las garantías se concentraba en vehículos, hoy ese porcentaje se ha reducido a alrededor de 42%, dando paso a una mayor diversificación hacia maquinaria, inventarios, producción agrícola y derechos de cobro.
Este dinamismo es especialmente marcado en los segmentos de menor monto: los préstamos menores a S/ 1,000 se multiplicaron por más de cinco veces; aquellos entre S/ 1,000 y S/ 5,000 crecieron más de tres veces; y los créditos entre S/ 5,000 y S/ 10,000 se duplicaron.
En términos económicos, esto no es un dato menor: sugiere una expansión efectiva de la frontera de inclusión financiera, con potencial impacto en productividad y formalización.
Por otro lado, la Ruta Productiva Exportadora (RPE), que inicia como piloto entre 2021 y 2023 y entra en fase de escalamiento a partir de 2023, aborda una falla distinta: la fragmentación del Estado.
La evidencia internacional es clara en señalar que la internacionalización de empresas requiere la provisión coordinada de múltiples servicios públicos.
Cuando estos se ofrecen de manera desarticulada, los costos de acceso se elevan y las probabilidades de éxito se reducen.
La RPE introduce una lógica de cadena que articula servicios productivos, sanitarios, comerciales y financieros a lo largo del proceso exportador. En su fase piloto, desarrollada en regiones como Piura, San Martín y Junín, se logró que el 10% de las empresas participantes realizara su primera exportación y que un 33% accediera a nuevos mercados. En la etapa de escalamiento, entre 2023 y 2025, el programa amplió su cobertura a 486 MIPYME —impactando a más de 65,000 familias— y elevó la proporción de empresas que acceden a nuevos mercados hasta 45%, manteniendo el 10% de primeras exportaciones.
Adicionalmente, mediante acciones de promoción comercial, organizaciones productivas de distintas regiones han generado expectativas de ventas por más de US$ 18 millones, lo que refleja no solo capacidades desarrolladas, sino también oportunidades concretas de inserción internacional.
Ambas políticas comparten una característica central: operan sobre fallas de coordinación. En un caso, entre agentes privados en el mercado financiero; en el otro, entre entidades públicas que deben actuar de manera integrada. En ambos, el rol del Estado es habilitador: reduce fricciones, mejora la información y alinea incentivos para que el mercado funcione mejor.
Sin embargo, la evidencia comparada también muestra que este tipo de políticas enfrenta un desafío más profundo que su diseño: su sostenibilidad. Sistemas digitales como el de garantías requieren capacidades técnicas, mantenimiento continuo y seguridad jurídica. Esquemas multisectoriales como la RPE demandan coordinación efectiva, incentivos alineados y gobernanza clara. A ello se suma la necesidad de respuesta del sector privado —en innovación financiera y escalamiento productivo— y el reto de ampliar estas experiencias sin perder efectividad.
En última instancia, el éxito de estas y otras políticas orientadas a la competitividad dependerá menos de su concepción inicial y más del desarrollo institucional que el país sea capaz de construir.
Es decir, de contar con un Estado que no solo diseñe bien, sino que tenga las capacidades para implementar, coordinar y sostener estas intervenciones en el tiempo.
La evidencia inicial es alentadora. Pero la pregunta de fondo permanece abierta: ¿estamos construyendo esas capacidades?
Lampadia
