María Julia Aybar
El Comercio, 7 de mayo del 2026
“Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal: el principal reto es técnico y financiero, pues resulta difícil garantizar que los equipos cumplan con los estándares de seguridad requeridos y que exista financiamiento para una inversión de esta magnitud”, opina María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil.
En una ceremonia en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar aseguró que durante su gobierno tomaría las medidas necesarias para destrabar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Como peruana y conocedora de la falta de infraestructura en el sector energético del país, sería la primera en celebrar que finalmente se puedan instalar sistemas que nos permitan llevar el gas natural al sur del país. Sin embargo, creo que vale la pena recordar la historia del proyecto del GSP.
El GSP fue concebido como una infraestructura estratégica orientada a transportar gas natural desde Camisea hacia el sur del país con el objetivo de masificarlo. En el 2013 se inició la licitación y en junio de 2014 fue adjudicado, resultando ganador el Consorcio conformado por Odebrecht y Enagás. El monto del proyecto ascendió aproximadamente a US$ 7.300 millones, cubriendo la construcción y operación por un periodo de 34 años. Las obras se iniciaron en 2015, con avances en ingeniería, adquisición de materiales y construcción de los primeros tramos.
En enero de 2017, el proyecto fue cancelado por el gobierno de aquel entonces, debido principalmente a la incapacidad del Consorcio para obtener el financiamiento tras los escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht. Como consecuencia de la cancelación, todos los activos del proyecto –que consistían en materiales, tuberías, maquinaria pesada, terrenos y documentos técnicos de ingeniería– pasaron a custodia del Estado. En paralelo, las empresas del Consorcio iniciaron arbitrajes internacionales contra el Estado. Al momento de la cancelación, el proyecto tenía cerca de 20% de avance, una inversión estimada de US$ 250 millones y obras parciales, pero ninguna sección operativa del gasoducto estaba concluida.
Hasta hoy, el Estado ha destinado cerca de US$ 400 millones al mantenimiento de los bienes bajo su custodia y continúa defendiendo sus intereses en los arbitrajes en curso, uno de los cuales ya habría sido resuelto con un laudo superior a US$ 300 millones a favor de una de las demandantes.
Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal: el principal reto es técnico y financiero, pues resulta difícil garantizar que los equipos cumplan con los estándares de seguridad requeridos y que exista financiamiento para una inversión de esta magnitud.
Tal vez, en lugar de tratar de destrabar un proyecto tan complejo, este Gobierno de transición podría enfocar sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto de las siete regiones, el cual contaría con financiamiento privado, se encuentra en la última etapa de evaluación para su implementación y sería un primer paso para llevar el gas al sur, el mismo que más adelante podría complementarse con sistemas de transporte como el GSP cuando éste finalmente pueda ser destrabado.
