Anibal Quiroga León
Perú21, 16 de agosto del 2026
«Aunque los jueces se duelan o protesten por su equivocada idea en la mentada ‘autonomía del PJ’, en materia de justicia constitucional están subordinados al TC”.
No por candoroso deja de ser interesante ver a uno de los magistrados que condenó al padre de la presidenta de la República recibirla con pompa al pie de la escalinata del Palacio de Justicia, en el Día del Juez, para luego escuchar a la presidenta del Poder Judicial (PJ) en su repetitiva alegoría sobre la autonomía del PJ. Ningún mea culpa. Ningún reconocimiento de los estridentes errores judiciales que últimamente han sido evidenciados en el Tribunal Constitucional (TC).
Desde el punto de vista político, el discurso de la presidenta del PJ estuvo muy por debajo de las palabras de la presidenta de la República, quien se sobrepuso a sus propias circunstancias —y experiencia personal— garantizando la reclamada autonomía. No hubo retaliación por las mezquindades que le tocó vivir en ese mismo Palacio de Justicia, alguna vez motejado —paradójicamente— como ‘palacio de la injusticia’.
Lo que no parece comprender la representante del PJ es que el sistema de justicia está colapsado. Quizás viva en fase de negación. Además de la enorme carga procesal, los consabidos retrasos y la clamorosa falta de infraestructura, tecnología y preparación, es el único servicio público que no ha regresado a la presencialidad. Se escudan en la virtualidad, donde es difícil lograr la eficiente atención de los jueces o su concentración-comprensión en las causas que deben resolver. No son de su interés los justos reclamos de los defensores, ni de los propios justiciables que hoy claman por justicia en el Perú.
Lo que tampoco parece entender en su reclamada autonomía —que nadie discute— es que el PJ opera dentro de un sistema constitucional, con reglas que deben cumplir sus diversos estamentos. No es ínsula autárquica ni anárquica. Por eso, con acierto, la Constituyente del 79 constató que, históricamente, los jueces no habían defendido adecuadamente los derechos ciudadanos. Por el contrario, habían sido obsecuentes con el poder político, el económico o el venal de siempre. De ahí que, con sabiduría, les impuso a un superior constitucional en la defensa de esos derechos fundamentales. Ese superior inicialmente fue el Tribunal de Garantías Constitucionales. Después, con la Carta del 93, se refundó como TC.
Aunque los jueces se duelan o protesten por su equivocada idea de la mentada “autonomía del PJ”, en materia de justicia constitucional están subordinados al TC.
En la defensa de las garantías constitucionales los jueces son la parte inicial del proceso. La última palabra no está en ellos. Está en el TC. Así reza la Constitución desde hace 40 años. Y ha sido muy bueno para el sistema jurídico peruano.
La Constitución creó una interfase entre el PJ y el TC. La definitoriedad en la interpretación constitucional y en la protección de derechos fundamentales está en el TC y no en el PJ. Hoy los jueces “autonomizados” se amotinan contra eso. Creen que con el control difuso pueden inaplicar una ley del Congreso a la primera de bastos, sin limitación. No reparan —o no quieren reparar— que ese poder constitucional tiene una reglamentación para su validación y un momento para su ejercicio: la sentencia. Su regulación está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incumplen permanentemente. Al lado, el Código Procesal Constitucional —ley orgánica— expresamente les señala que los jueces deben adaptar sus interpretaciones a las que exhiban las resoluciones del TC. ¿Más claro?
No es casual que la opinión pública tenga una mejor percepción del TC que del PJ (en particular, de la Corte Suprema), mal que les pese a los propios jueces. Por más Salas Plenas para dolerse de opiniones discrepantes —resguardadas por la libertad de opinión constitucionalmente garantizada—, por más sendos comunicados reclamando por algo que nadie les discute, cuando son ellos quienes se ponen fuera de la Constitución o de la ley —de las que debieran ser sus principales guardianes—. La manida frase de cliché: “Yo cumplo la Constitución, yo cumplo la ley” no necesariamente es cierta. Les hace falta un norte claro y un liderazgo decantado por el Estado de derecho, antes que por ideologías activistas que tanto perjuicio han causado. Ahí están sus víctimas. Como la que compartió el estrado con la señora presidenta del PJ.
