David Tuesta
Perú21, 1 de octubre del 2026
«Una empresa grande, productiva y con buenos márgenes probablemente puede absorber el aumento. Para una microempresa que vende poco, tiene escaso capital y compite con negocios informales, el cálculo es distinto».
S/100 parecen poco. Incluso cuando llegue el segundo tramo y el incremento acumulado sea de S/200, probablemente seguirá pareciendo poco. ¿Quién podría estar en contra de que un trabajador gane más? Ese es precisamente el problema del debate sobre el salario mínimo: no es una discusión de buenos deseos, sino de realidad económica.
Para el trabajador que ya está en planilla y gana alrededor de la Remuneración Mínima Vital (RMV), el aumento es una buena noticia. Recibirá más por el mismo trabajo. Ese es el beneficio visible. Pero ese grupo representa solo una fracción del mercado laboral peruano. Mientras la RMV estaba en S/1,130, la remuneración promedio del sector privado formal rondaba los S/3,000 mensuales.
El verdadero problema está fuera de esa foto: en quien todavía no logra entrar a una planilla, en el joven que busca su primer empleo, en el trabajador de baja calificación y, sobre todo, en las micro y pequeñas empresas de muy baja productividad, para las cuales formalizar ya resulta costoso.
Por eso, el problema nunca fueron los S/100. El problema es obligar a una empresa a pagar una productividad que todavía no existe.
Una empresa grande, productiva y con buenos márgenes probablemente puede absorber el aumento. Para una microempresa que vende poco, tiene escaso capital y compite con negocios informales, el cálculo es distinto. Frente a un mayor costo laboral puede contratar menos, postergar una contratación o simplemente permanecer fuera de la formalidad.
Ahí aparece la paradoja: la RMV mejora el ingreso de algunos trabajadores que ya lograron entrar al pequeño mundo formal, pero puede hacer aún más difícil que otros ingresen. Estudios del Banco Central han encontrado efectos negativos de aumentos de la RMV sobre el empleo formal, especialmente entre jóvenes y trabajadores cuyos ingresos están cerca del mínimo. Aplicando una elasticidad estimada de alrededor de -0.13 al incremento de 8.9% del primer tramo, el orden de magnitud podría ubicarse entre 50 mil y 80 mil empleos formales menos frente a un escenario sin aumento.
Todos queremos salarios más altos. Pero los salarios sosteniblemente altos no se decretan: se construyen elevando la productividad de trabajadores y empresas. Salud, educación, capacitación, tecnología, infraestructura, financiamiento y empresas capaces de crecer.
Y hay una última paradoja. El Gobierno acaba de crear una Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Informalidad Laboral, precisamente para reducir los costos y barreras a la formalización. Probablemente concluirá algo ya conocido: encarecer por decreto la contratación formal, sin elevar la productividad, no ayuda a reducir una informalidad cercana al 70%. Y ¡claro! No hace falta una comisión para saberlo. La evidencia es bastante conocida para los técnicos. La comisión seguramente volverá a decirlo. No obstante, la pregunta es si esta vez alguien la escuchará.
