Ana Pari
Exjefa de SERVIR
Para Lampadia
¿Aún hay esperanza para la meritocracia en el Perú?
José Luis Gargurevich compara la reforma del Servicio Civil peruano con el esfuerzo de Fitzcarraldo en la película homónima de 1982, en la que el protagonista consideraba como único medio para cumplir con sus sueños trasladar un enorme barco por tierra y sobre un monte.
La comparación es excelente, no sólo porque el Perú lleva arrastrando el barco de la reforma más de 10 años y sólo ha avanzado unos metros, sino también porque en algunos momentos realmente fue la defensa obstinada de un sueño de primer mundo aplicado a nuestro país. Era imposible no soñar con el proyecto, pero había un problema: la implementación era casi imposible.
Cuando dirigí SERVIR se analizaron muchos escenarios, y claro, también aquel en el que se abandonaba la reforma, pero en realidad no estaba entre las opciones engrosar la lista de proyectos tachados. Había que hacer viable la ruta del tránsito y se logró.
El Decreto Legislativo 1602, publicado en diciembre de 2023, dispuso que obligatoriamente un primer grupo de 145 entidades del Poder Ejecutivo transitaran de forma mucho más ágil al nuevo régimen. Esto es, sin perder la esencia meritocrática, se flexibilizaron los tortuosos procedimientos documentales para hacerlos más cercanos a los operadores, acompañándolos en tiempo real, y comprometiendo a los directivos con el esfuerzo para cumplir los cronogramas.
¿Se pudo? Claro que sí. 138 entidades cumplieron con tal hito (presentar su Cuadro de Puestos de Personal – CPE), es decir, reunieron todo lo necesario para que sus entidades transiten, quedando pendiente sólo el esfuerzo económico, expresado en la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero la respuesta era previsible: ¡la reforma cuesta mucho!
Sin embargo, la realidad siempre supera la ficción.
Quizá el Parlamento más clientelista o populista que hemos tenido, de la mano de los sectores autodenominados defensores de los trabajadores, gestó la Ley 32563, que bajo el título de reconocer derechos a favor del Régimen CAS, generó una contingencia presupuestal más grande que el barco de Fitzcarraldo.
De un día para otro creó una obligación económica que la Caja Fiscal no iba a soportar. Y, claro está, solamente para engrosar la planilla, sin ningún tipo de condición ni exigencia adicional que permitiera creer en que el servicio público mejoraría a favor de los ciudadanos.
En ese contexto, la implementación de la reforma no es imposible, hoy existe el camino, puede mejorarse aún más, claro que sí. No es el amor a una reforma, es entender que la ruta puede cambiar sin sacrificar el objetivo. El primer paso para la reforma en 138 entidades se logró. El trabajo se hizo, el racional freno económico del MEF lo truncó, haciendo que las entidades transiten a cuentagotas. El principal cuello de botella ya no es técnico, sino presupuestal. Un total de 101 entidades permanece a la espera de la opinión favorable del MEF para continuar el proceso, en un contexto marcado por restricciones fiscales y por el incremento sostenido del costo de la planilla pública.
Si el laberinto burocrático de la reforma se pudo vencer, debe existir también el compromiso económico que haga real dicha reforma cerrando la vía de entregar recursos sin plantear obligaciones y mejoras y reales para el trabajador y el servicio público. Ya no es la burocracia la que frena la reforma, ahora es el dinero.
El ciudadano merece un mejor servicio público, un servidor civil idóneo y profesionalizado. Y el trabajador merece, en contraprestación a ello, una remuneración digna, beneficios sociales y la posibilidad de hacer una línea de carrera. El gobierno debe entender que para que dicho binomio funcione, no solo se necesita de reglas de acceso meritocrático, sino también de un esfuerzo fiscal, necesario y oportuno.
No es admisible abandonar los esfuerzos para un servicio civil meritocrático, ordenado y adecuadamente remunerado. Si puede ser necesario -porque no tenemos recursos ilimitados- priorizar grupos profesionales, entidades clave o niveles de gobierno, sin que ello signifique en la priorización se agote el esfuerzo pues la administración es la suma de engranajes. Si sólo cambiamos algunos, tarde o temprano, la maquinaria volverá a fallar.
Detrás de cada Entidad Pública del Poder Ejecutivo hay un equipo de trabajadores que ha ingresado por alguna de las 5 modalidades de contratación, que tiene diferencias salariales y que no se sienten obligados a ser evaluados en su desempeño. Y la realidad en Gobiernos Regionales o Locales es aún más crítica. Ante tal escenario, la pregunta que surge es inevitable: ¿debemos buscar islas de eficiencia o continuar la apuesta de un régimen único para el servicio civil peruano?
La reforma del servicio civil surgió como respuesta a problemas estructurales que afectaban la eficiencia del Estado, la dispersión normativa, las diferencias salariales injustificadas y el uso extensivo de mecanismos temporales para cubrir funciones permanentes (locadores de servicios). Esa situación actualmente es igual o peor. No hay recetas mágicas, la pólvora ya se descubrió; el camino ya se trazó.
La recomendación principal es no abandonar el objetivo original: la construcción de un régimen único de servicio civil, obligatorio, con reglas homogéneas para el acceso, la evaluación, el ascenso y la remuneración, y con compromiso de todos, sobre todo de los altos funcionarios como pieza clave para lograrlo.
La discusión ya no debería centrarse únicamente en el costo de la reforma, sino en el costo de mantener indefinidamente el desorden y la fragmentación, con la siempre latente amenaza del populismo. El saldo del debate parece ser favorable a la reforma. Entre el 2022 y el 2023 [durante las proyecciones para el DLeg. N° 1602], si el 50% servidores del Poder Ejecutivo transitaban al nuevo régimen, el costo de la planilla pública se incrementaba en alrededor de S/ 2,000 millones, monto casi idéntico a los S/ 2,073 millones que se gastó en locadores de servicios durante el 2022. Gana la meritocracia, reduciendo la precariedad laboral.
Entonces, ¿cuánto tiempo más podemos permitirnos mantener un sistema fragmentado que limita la meritocracia, reduce la eficiencia estatal y afecta la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía?
Hace un cuarto de siglo se empezó a soñar con un régimen laboral único, ordenado y eficiente, y su exigencia es hoy aún más vigente que antes. No es amor a la reforma, sino una necesidad.
Lampadia
