Alfredo Bullard, Abogado
El Comercio, 21 de Noviembre de 2015
El Congreso debería derogar ‘la ley del embudo’. Esta es una de las leyes con más vigencia en el Perú. Y es precisamente el Congreso uno de los lugares donde más se aplica.
Otras leyes, como las que castigan la corrupción, protegen a los contribuyentes de los excesos de la Sunat, ordenan respetar las reglas de tránsito o las que dicen que todos somos iguales, la envidian. Mientras estas últimas ven frustrada una y otra vez su aplicación y palidecen porque su vigencia formal no tiene correlato en la realidad, la ‘ley del embudo’ parece tener más presencia y vigencia que la propia Constitución. Es curioso. Nunca fue propuesta por un congresista y nunca se aprobó, ni promulgó, ni publicó en “El Peruano”. No tiene número. Pero hay que ver cómo se aplica.
La ‘ley del embudo’ significa aplicar la parte ancha a uno mismo y la parte delgada a los otros. Quienes se benefician de ella quieren ser libres de hacer cualquier cosa y a la vez limitar lo que otros pueden hacer.
Su vigencia contiene una hipocresía mayúscula. Quienes se benefician de ella se llenan la boca criticando lo que otros hacen. Pero a la vez se aprovechan haciendo lo mismo que esos otros hacen o cosas peores.
La ‘ley del embudo’ destruye la legitimidad, crea injusticias y fomenta un resentimiento justificado contra la autoridad. Veamos un ejemplo.
Recordarán ustedes que hace solo unas semanas los congresistas vociferaban que la cultura no se vende. Sin entender mucho de qué estaban hablando y encendidos por un combustible populista que es mucho más inflamable y explosivo en épocas de reacomodo electoral, se volaron sin asco ni contemplaciones el Decreto Legislativo 1198. Simplemente lo derogaron.
La norma contemplaba una figura que permite generar inversión para proteger el patrimonio cultural mediante el convenio de gestión cultural que autoriza a celebrar acuerdos entre el Estado y el sector privado. Estos convenios buscan desarrollar proyectos que ponen en valor bienes del patrimonio cultural. Hay experiencias que reflejan lo que se puede lograr. Las huacas del Sol y de la Luna o El Brujo en Trujillo o lo que ha ocurrido con el restaurante La Huaca Pucllana en Miraflores, son ejemplos que podrían multiplicarse.
Pero multiplicar lo bueno no parece cosa del Congreso. En lugar de empujar lo que parece obvio y positivo, nuestros congresistas han querido dejar la cultura en manos de la gestión del Estado para que con un exiguo presupuesto y una débil capacidad de gestión se encargue de transformar los botaderos o urinarios en que se han convertido muchos de los bienes de nuestro patrimonio en atracciones culturales o turísticas.
El Ejecutivo, con muy buen criterio, ha observado la ley del Congreso que deroga esta norma. Le ha dado a este una segunda oportunidad para usar la cabeza y no el estómago.
Curioso. Esos mismos congresistas que se rasgaban las vestiduras ante la amenaza de que los privados pudieran afectar el patrimonio de los peruanos, se autorizan todos los años para destruirlo.
Todas las leyes de presupuesto desde la del 2010, incluyendo la del 2015, tienen una norma igualita: “Autorícese al Pliego 028 la ejecución de proyectos para sedes legislativas o administrativas, equipamiento, mobiliario y software, exceptuándose de la aplicación de […] la Ley 28296…”
¿Y de qué trata la Ley 28296? Seguro ya adivinó. Es ley que protege el patrimonio cultural. Es decir esos mismos congresistas que se “preocupan” de que se pueda “afectar la cultura”, se autorizan todos los años para pasarla por encima y arreglar aquellas oficinas y locales del propio Congreso que ocupan bienes culturales.
Pero así es la ‘ley del embudo’: ancha para aprovecharse y delgada para fregar a los demás. No creo que nuestros parlamentarios la deroguen pero ojalá decidan, al menos en esta ocasión, usar su sentido común y fomenten, en los hechos, la protección del patrimonio cultural.
