Jaime de Althaus
Para Lampadia
Queda claro, una vez más, que el Defensor del Pueblo no defiende al pueblo. Presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 010-2025 que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción.
Es decir, contra el decreto que salvaría a la empresa y al país de tener que subsidiarla con recursos de todos los peruanos.
En lugar de defender el bolsillo de los contribuyentes forzados a financiar indefinidamente las pérdidas gigantescas de esa empresa, prefiere defender en buena cuenta los intereses de los sindicatos que tienen secuestrada la empresa, a costa de los peruanos.
Y en lugar de defender la propia Constitución que establece claramente el rol subsidiario del Estado, la ataca con una demanda como esa.
Según la Carta a Magna no hay espacio para una empresa estatal como esa porque es algo que pueden hacer los privados con mucha mayor eficiencia y réditos para el propio Estado y para los peruanos en general.
En la audiencia en el Tribunal Constitucional, el representante de la Defensoría, Hebert Anderson Saldaña, sostuvo que el DU 010-2025 abre la puerta a una privatización de Petroperú, pues al permitir la división de Petroperú en bloques patrimoniales y encargar a ProInversión determinar la modalidad de participación privada aplicable sobre esos activos, se estaría posibilitando una “privatización encubierta”.
Ese argumento fue refutado por el representante de Proinversión, Ángel Delgado, quien sostuvo que la conformación de bloques patrimoniales permite incorporar gestión y capital privados sin que el Estado pierda necesariamente la propiedad de los activos.
Pero ese no es el punto. Ojalá se pudiera privatizar. Desde el punto de vista de la Constitución lo que correspondería en realidad es la privatización, porque Petroperú, como hemos dicho, va más allá del rol subsidiario del Estado, viola ese principio constitucional.
El argumento de que Petroperú llega donde los privados no llegan es absurdo.
Si los privados no llegan es porque no es rentable, lo que significa que si PetroPerú sí atiende esos lugares es porque alguien la está subsidiando.
Mas eficiente seria subsidiar a un privado que a Petroperú para ese propósito.
Acá lo que interesa es el bienestar de los peruanos, no la ideología ni la adoración a una idea mítica ni los privilegios de unos empleados que sangran al Perú.
El único argumento atendible de la Defensoría sería que el Decreto de Urgencia no es el instrumento adecuado para dictaminar la reforma estructural de la empresa.
Pero ese es discutible porque las pérdidas de esa empresa ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal, otro principio constitucional. Es decir, suponen una emergencia fiscal que hay que conjurar.
Como fuere, quizá para asegurar esta norma sería conveniente que el Ejecutivo solicite facultades legislativas en este punto para convertir en ley lo dispuesto en el decreto de urgencia. Esperemos que lo haga. Hay que cerrar de una vez por todas este hueco negro.
Lampadia
