David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Para Lampadia
Durante los últimos quince años, el Perú ha realizado uno de los mayores esfuerzos de inversión pública de su historia.
Solo entre 2021 y 2025, los tres niveles de gobierno ejecutaron alrededor de S/1.1 billones, de los cuales aproximadamente S/171 mil millones correspondieron a inversión pública.
Como porcentaje del PBI, el país invierte cerca del 5%, una cifra superior al promedio latinoamericano.
Sin embargo, la verdadera evaluación de una política pública no debe hacerse por los recursos que consume, sino por los resultados que produce
La paradoja es evidente. Mientras el Estado ha incrementado sostenidamente la inversión pública, los avances en infraestructura y servicios básicos han sido mucho menores de lo esperado.
Entre 2021 y 2025 se invirtieron cerca de S/77 mil millones en transporte, S/40 mil millones en educación y más de S/22 mil millones en saneamiento, pero las brechas apenas se redujeron y, en algunos casos, incluso retrocedieron.
El problema, por tanto, ya no es cuánto invertimos, sino por qué invertimos tanto y transformamos tan poco.
Gráfico 1. Inversión pública y resultados en cierre de brechas
La explicación habitual apunta a expedientes técnicos deficientes, obras paralizadas, saneamiento físico-legal incompleto, baja capacidad de los gobiernos subnacionales, conflictos sociales o excesiva rotación de funcionarios.
Todos son problemas reales. Pero también son síntomas de una causa más profunda.
El economista Dani Rodrik sostiene que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo son las fallas de coordinación:
(https://drodrik.scholar.harvard.edu/publications/industrial-policy-twenty-first-century).
El problema no es necesariamente la falta de recursos, sino la incapacidad de múltiples actores para tomar decisiones complementarias alrededor de un objetivo común.
Esa descripción encaja perfectamente con el sistema peruano de inversión pública.
Ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, organismos reguladores, entidades ambientales, comunidades y empresas privadas intervienen en un mismo proyecto, pero muchas veces lo hacen sin una visión compartida del territorio.
Basta que una sola pieza falle para que todo el proyecto se paralice.
Esta perspectiva cambia completamente la discusión. La inversión pública no debería entenderse únicamente como una política de cierre de brechas, sino como una política de desarrollo productivo.
Albert Hirschman explicaba que el crecimiento económico surge cuando determinados sectores generan encadenamientos capaces de movilizar nuevas inversiones.
Una carretera no es solamente una vía; es un instrumento para integrar mercados.
Un sistema de agua potable no solo mejora la salud; también permite desarrollar turismo, agroindustria e industria.
La infraestructura es el medio; la productividad debe ser el objetivo.
Las regiones mineras ilustran claramente esta oportunidad. Gracias al canon y las regalías concentran una parte importante de la inversión pública nacional. Sin embargo, la abundancia de recursos no siempre se traduce en desarrollo porque la inversión termina fragmentándose en cientos de pequeños proyectos con escasa capacidad transformadora.
La verdadera tarea consiste en coordinar inversiones de escala regional que articulen corredores logísticos, infraestructura hídrica, conectividad y servicios públicos alrededor de los principales motores económicos.
En ese contexto, Obras por Impuestos deja una enseñanza especialmente valiosa. Su principal aporte no es únicamente adelantar inversiones, sino reducir las fallas de coordinación.
La participación del sector privado mejora la formulación de proyectos, fortalece la gestión, alinea incentivos y genera continuidad técnica.
No sorprende, entonces, que las regiones mineras concentren la mayor parte de los proyectos ejecutados bajo este mecanismo y que estos presenten tasas de culminación significativamente superiores a las observadas en la inversión pública convencional.
La comparación resulta aún más elocuente cuando se observa el desempeño del sistema de inversión pública.
Después de quince años de funcionamiento, apenas alrededor del 21% de los proyectos de inversión pública de los gobiernos regionales y locales mineros han logrado cerrarse.
En Obras por Impuesto ya se observa cierre de obras cercanos al 40%.
Es cierto que esta tasa es mejorable pero tiene el doble de eficiencia que la obra pública típica.
Por tanto, el problema, evidentemente, no es la escasez de recursos. Es la dificultad para coordinar instituciones, capacidades e incentivos alrededor de proyectos que realmente transformen el territorio.
Gráfico 2. Tasa de cierre de proyectos de inversión pública
El desafío para el Perú ya no consiste únicamente en ejecutar más presupuesto. Consiste en construir una nueva gobernanza del desarrollo territorial.
Necesitamos que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones deje de ser solamente un sistema para administrar proyectos y evolucione hacia un sistema capaz de coordinar inversiones públicas y privadas alrededor de una visión compartida de desarrollo.
Porque, al final, el éxito de la inversión pública no debería medirse por el porcentaje de ejecución presupuestal ni por el número de obras inauguradas.
Debería medirse por cuánto aumentó la productividad del territorio, cuánta inversión privada logró movilizar y cuánto mejoró efectivamente la calidad de vida de las personas.
La gran tarea pendiente no es invertir más. Es aprender a coordinar mejor.
Lampadia
