Jaime de Althaus
Para Lampadia
Evidentemente los dos grandes problemas en el terreno de la seguridad son las extorsiones y la minería ilegal. Las extorsiones en particular afectan a muchísimas personas y negocios, generan angustia y matan emprendimientos y personas. Para enfrentarlas Keiko Fujimori ha hablado de rastrillajes y juzgados de flagrancia, siempre y cuando estos procesen también los delitos de extorsión y sicariato.
En la lucha contra las extorsiones hay dos líneas de acción. Una es contra el sicariato, que es el brazo armado amedrentador de la industria extorsionadora. Nicolás Zevallos del Instituto de Criminalidad ha señalado que capturar o eliminar a los sicarios es una tarea específica perfectamente alcanzable con equipos de inteligencia operativa que es algo que la policía sebe hacer muy bien. Pero debe ser priorizada. Sin los sicarios, los extorsionadores son inocuos y se reduce sustancialmente el número de homicidios.
La segunda línea es contra los extorsionadores mismos. Eso requiere tecnología. Ha sido un avance la plataforma informática de la UIF a la que la policía accede para solicitar la información sobre cuentas en las que se depositan las extorsiones. La UIF pide la información a los bancos y estos la proporcionan. Así la policía sabe dónde ha ido el dinero depositado y de esa manera es que ha desmantelado varias organizaciones de extorsionadores en Lima, como las del Jorobado o el Monstruo.
Pero las extorsiones siguen y en Trujillo esa industria criminal incluso gobierna distritos enteros. Para luchar contra ella a la Policía le falta tecnología.
Keiko Fujimori debería visitar la Dirección contra las Extorsiones para conocer las carencias tecnológicas de esa unidad. Allí se enteraría de que los agentes no disponen de tecnologías para interceptar las comunicaciones extorsivas, que se hacen por WhatsApp, y que para eso se requiere un equipo llamado Pegasus que solo se podría adquirir mediante un acuerdo gobierno a gobierno. Keiko Fujimori debería pedírselo a Estados Unidos ahora que el Perú, a pedido de ella, se incorporaría a la iniciativa del Escudo de las Américas.
Escucharía que se requiere una oficina de Meta en el Perú para rastrear y ubicar el origen de los mensajes extorsivos. Seguramente le solicitarán también mochilas de geolocalización portátiles y una tecnología israelí llamada Easy Catcher, para localizar celulares con precisión. Y equipos Cellebrite que sirven para extraer, analizar y gestionar datos de celulares y otros soportes digitales. Tienen muy pocos.
Pero si consulta con Julio Corcuera, que ha escrito libros sobre las extorsiones, verá que otro elemento clave de la estrategia es intervenir, congelar e incautar los flujos de dinero y los activos de las empresas formales de fachada que esas organizaciones crean para lavar el dinero de las extorsiones o del oro ilegal. Es decir, cortarles el brazo financiero. Para eso habría que darle a la UIF facultades investigadoras, como si fuera la policía.
Se necesita estrategias inteligentes, científicas, con uso de la tecnología. Lo mismo para el combate a la minería ilegal. Allí hay que comenzar por formalizar todo lo que se pueda antes del 31 de diciembre, y aprobar la ley MAPE, para no tener que prorrogar el REINFO. La demora en designar un ministro de Energía y Minas conspira contra esta meta. Luego hay que terminar de construir el sistema interoperable para la trazabilidad, a fin de poder controlar bien los eslabones neurálgicos de la cadena de valor: el ingreso de insumos (explosivos y combustible) y la salida del oro, asignando a las plantas de procesamiento un rol clave en el control de la trazabilidad y en la propia formalización.
Todo esto es complejo, difícil y requiere mucho liderazgo. Tampoco funcionará si la Policía no se depura. La sociedad civil y el Congreso deben colaborar. Estamos atentos.
Lampadia
