Sebastian Otero Vegas
Economista
Para Lampadia
El Perú enfrenta innumerables retos en las próximas décadas. La informalidad, tan peruana como compleja, es quizá el más importante, pues es el origen de muchos de los problemas que nos aquejan.
La informalidad nos define y nos deshace como país. Estamos acostumbrados a “resolver” y sobrevivir frente a la ausencia de servicios y del Estado.
Gracias a la vivienda informal —que representa cerca del 70 % en Lima, según GRADE—, tenemos un menor déficit de vivienda que los países desarrollados.
Gracias al transporte informal, podemos llegar de puerta a puerta desde una vivienda muy alejada hasta el centro de trabajo, sin necesidad de caminar.
Los vendedores ambulantes de desayunos nos ofrecen comida casera en la puerta de nuestra oficina a precios competitivos.
“Estamos en el Perú”, me dijo alguna vez un taxista cuando le reclamé por ir en contra del tráfico para evitar pagar un peaje.
Pero sabemos también que todos esos atajos, que parecerían beneficiarnos, socavan nuestra construcción como país y como sociedad.
Un terremoto de gran magnitud —Dios no quiera—, como el recientemente ocurrido en Venezuela, podría llevarnos a encabezar las estadísticas históricas de afectación, tal como ocurrió durante la pandemia.
El transporte informal ha convertido a Lima en una ciudad agresiva, contaminada y con uno de los tráficos más lentos del mundo. No es necesario compararnos con Ámsterdam o Londres: todas las grandes capitales de Sudamérica tienen un transporte público que funciona mejor, en términos de predictibilidad de horarios, respeto a las normas de tránsito, seguridad y calidad del servicio.
Por ello, coincido con Jaime de Althaus en la urgencia de combatir la informalidad, pero discrepo respecto de su principal causa y, por tanto, de la solución.
Según la visión de de Althaus, expresada en El pretendido titiritero, y de otros autores, como Fernando Cáceres en El momento para desregular, es el exceso de regulación lo que lleva a que emprendedores, empresas y familias opten por ser informales. Por lo mismo, se necesitaría un shock desregulador, algo parecido a lo que está haciendo Javier Milei en la Argentina con Federico Sturzenegger.
Reducir trámites y regulaciones innecesarias ayuda, y varios países han progresado gracias a reformas de este tipo. Sin embargo, como ciudadano y empresario, considero que el Perú es relativamente flexible en muchos ámbitos. Gran parte de los trámites son digitales y entidades como la Sunarp, Reniec y la Sunat funcionan, en general, bien y, a veces, mejor que en países vecinos. A través de plataformas digitales es relativamente sencillo constituir una SAC. El régimen MYPE tiene una regulación que ayuda a dichas empresas a ser formales.
Por la cantidad y heterogeneidad de edificios que vemos en construcción en Lima, parecería que se necesita más regulación desde el punto de vista urbanístico. En mi experiencia personal y laboral, países como México, Colombia y Brasil tienen una carga regulatoria más compleja y, sin embargo, registran menores niveles de informalidad.
En mi opinión, la informalidad radica fundamentalmente en aspectos culturales profundamente arraigados en la sociedad peruana y en la incapacidad del Estado para hacer cumplir incluso las pocas reglas existentes. No es propósito de este artículo analizar el origen de estos aspectos —pienso que datan de nuestra fundación como país—. Saltarse la cola, pasarse la luz roja y dar una “propina” a un funcionario público son parte de nuestra cultura informal, que ningún shock desregulatorio va a resolver.
En el famoso experimento social de las billeteras perdidas, publicado por la revista Science, el Perú es uno de los países donde es menos probable que una billetera sea devuelta, muy por debajo de varios países vecinos.
Ese quiebre social, esa falta de sentido del bien común, es la base de nuestra informalidad.
Ser informal, de alguna manera, es no aceptar las reglas de convivencia y optar por el camino más corto, a pesar de que ello perjudique al resto y, por tanto, a nosotros mismos en el largo plazo.
No niego que existan retos regulatorios y normas que no ayudan. Una empresa que escala enfrenta “saltos” brutales al pasar del régimen MYPE al régimen general, lo que fomenta la atomización empresarial.
Las empresas grandes se ven muy afectadas por abusos de la Sunafil y enfrentan rigideces laborales que dificultan competir en un mundo cada vez más complejo.
Desalojar a un inquilino moroso es difícil, lo cual afecta el mercado inmobiliario y, por ello, la inversión y la formalidad del sector vivienda.
El sector financiero ha estado excesivamente concentrado porque la regulación privilegió la solvencia y la estabilidad del sistema sobre la competencia.
Muchos funcionarios municipales están más enfocados en cobrar coimas que en formalizar realmente la vivienda y la construcción.
Sin embargo, no creo que la carga regulatoria sea uno de nuestros mayores problemas.
Aceptar que el origen de nuestra informalidad es eminentemente cultural es importante más allá de cualquier debate intelectual, pues de dicho diagnóstico depende también el correcto diseño de las políticas públicas. Durante los próximos lustros, necesitamos poner mucho énfasis en la formalización. Es la forma de ir cohesionando el país y de lograr mejores ingresos y calidad de vida.
Necesitamos combinar educación, incentivos y sanciones.
Se requieren campañas culturales en los colegios, en las que se eduque a los niños y se enfrente una crisis de valores que no sabemos cuándo empezó, pero que es indispensable superar.
Es crítico que los ciudadanos comprendan los beneficios de la formalidad para el bien común, así como para la viabilidad y sostenibilidad del país.
También es crítico que lo hagan las élites y las clases política y empresarial.
Fue el anterior Congreso el que deshizo el sistema pensionario: que las pensiones se conviertan en un asunto personal de cada individuo es, finalmente, otra manifestación de nuestra informalidad.
La reforma del transporte, por su parte, enfrenta a mafias enquistadas que contaron con el apoyo del anterior Congreso.
Si hacer un cambio cultural en una empresa privada es difícil, hacerlo en un país es titánico.
Uno de los logros de Alberto Fujimori fue la reforma de la Sunat. Se logró profesionalizarla y, en términos generales, es una entidad que funciona eficientemente y que los ciudadanos respetamos.
Necesitamos lograr lo mismo con la ATU, el Ministerio de Vivienda, la Policía Nacional y los gobiernos municipales. La fiscalización y las sanciones cumplen un rol crucial.
En materia de vivienda, se requieren más programas de vivienda social, pero, sobre todo, se deben prohibir las invasiones y actuar en consecuencia cuando se produzcan: imponer las máximas sanciones a las mafias que lucran con terrenos no habilitados para vivienda, desalojar las zonas invadidas y evitar nuevas ocupaciones, entre otras medidas.
El transporte y el comercio informales deben ir reduciéndose mediante sanciones efectivas.
Ese cambio cultural no debe asustar a ciudadanos, políticos o funcionarios públicos.
Alguna vez le pregunté a un amigo norteamericano que conoció el Perú de cerca: “¿Qué es lo que más te gusta del Perú?”. “Aquí la gente es más informal”, me respondió Tenemos que volvernos formales sin que ello nos quite nuestra identidad colorida, campechana e informal en las cosas superficiales de la vida, pero no en las instituciones que necesitamos construir.
Lampadia
