David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Para Lampadia
Mientras el Perú discute cómo recuperar el crecimiento económico, existe un obstáculo silencioso que continúa frenando la inversión, el empleo y la productividad: la tramitología.
No se trata de un problema menor. Diversos estudios muestran que los países con entornos regulatorios más simples y predecibles crecen más, exportan más y alcanzan mayores niveles de productividad. Por el contrario, el exceso de regulación, la fragmentación institucional y la burocracia terminan convirtiéndose en un impuesto oculto sobre la actividad económica.
En el Perú, pocos sectores reflejan mejor este problema que la minería.
Según información recogida por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el desarrollo de un proyecto minero involucra más de 230 procedimientos administrativos y la participación de 30 actores distintos, de los cuales 29 son entidades públicas. Esta compleja red de autorizaciones, permisos y validaciones genera sobrecostos, incertidumbre y retrasos que pueden multiplicar varias veces los plazos previstos por la propia legislación.
Los números son reveladores.
El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), por ejemplo, demora en promedio 466 días hábiles, casi cuatro veces el plazo legal.
El MEIA-d tarda 324 días y el ITS alrededor de 55 días.
El problema no es solo administrativo; tiene consecuencias económicas concretas. De acuerdo con estimaciones de la propia SNMPE, una demora de cuatro años en la ejecución de un proyecto minero puede significar pérdidas superiores a S/12 mil millones en el PBI y dejar de recaudar más de S/2 mil millones en impuestos.
Frente a esta realidad, uno esperaría que la prioridad de cualquier propuesta de gobierno fuese simplificar procesos, reducir duplicidades, digitalizar procedimientos y fortalecer mecanismos de silencio administrativo positivo y fiscalización posterior. Sin embargo, una revisión del programa de segunda vuelta de Juntos por el Perú revela una contradicción preocupante.
Por un lado, el documento propone medidas razonables como la implementación de la Ventanilla Única Digital Minera y la simplificación de trámites administrativos.
Pero, simultáneamente, incorpora una serie de iniciativas que podrían generar exactamente el efecto contrario.
Entre ellas destacan la implementación de un ordenamiento territorial vinculante, la revisión integral del sistema de concesiones mineras, la modificación de la legislación de concesiones, la priorización de concesiones condicionadas a compromisos de transferencia tecnológica e industrialización y un mayor rol estatal en la planificación y autorización de actividades productivas.
Analizadas individualmente, algunas de estas propuestas pueden parecer razonables. El problema aparece cuando se evalúan conjuntamente. Cada nueva condición, requisito, autorización o instancia de revisión implica inevitablemente más procedimientos, más entidades involucradas, más espacios de discrecionalidad y mayores posibilidades de judicialización y conflicto.
La experiencia internacional muestra que las economías exitosas no compiten agregando trámites, sino eliminándolos. La digitalización, la interoperabilidad de sistemas, la aprobación automática con fiscalización posterior y las ventanillas únicas han demostrado ser herramientas mucho más efectivas para proteger el interés público que la proliferación de permisos y autorizaciones.
De hecho, la propia evidencia recogida por el BID muestra que los trámites digitales son, en promedio, 74% más rápidos, cuestan apenas entre 1.5% y 5% de lo que cuestan los trámites presenciales y son considerablemente menos vulnerables a la corrupción.
La verdadera pregunta entonces es sencilla. Si hoy un proyecto minero ya enfrenta más de 230 trámites, 30 entidades públicas, permisos que tardan hasta cuatro veces más de lo que establece la ley y una cartera de inversión superior a US$64 mil millones esperando destrabarse, ¿la solución es crear nuevos filtros o eliminar los existentes?
El Perú necesita más inversión, más empleo formal y más productividad. Para lograrlo, debemos dejar de creer que cada problema se resuelve creando una nueva ventanilla, una nueva autorización o instancia administrativa.
La competitividad no se construye con más burocracia. Se construye eliminándola.
Referencias
- Sistema Único de Trámites (SUT): https://www.gob.pe/sut
- Presidencia del Consejo de Ministros (Simplificación Administrativa): https://www.gob.pe/pcm
- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE): https://www.snmpe.org.pe
- Instituto Peruano de Economía (IPE): https://www.ipe.org.pe
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID): https://www.iadb.org
- Programa de Gobierno de Segunda Vuelta de Juntos por el Perú, 31 de mayo de 2026.
Lampadia
