Ronin 360
Perú21, 21 de setiembre del 2026
El repunte de los precios deterioró el poder adquisitivo y obliga a combinar la respuesta monetaria con ayudas temporales dirigidas a los hogares vulnerables.
Después de un 2025 en el que la inflación se mantuvo contenida dentro del rango meta del BCRP, los precios volvieron a presionar durante 2026. El origen del episodio combina factores externos e internos: el conflicto en Medio Oriente elevó el precio internacional del petróleo y, con ello, los combustibles y el transporte; la rotura del gasoducto de TGP encareció el gas doméstico; y los riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño mantienen presión sobre algunos precios de alimentos.
De esta forma, la inflación interanual pasó de 1.1% en agosto de 2025 a 4.4% en agosto de 2026, elevando el ritmo al que aumentan los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares.
Este repunte empieza a reflejarse en el poder adquisitivo: en agosto de 2026, el ingreso nominal en Lima Metropolitana creció 2.6% interanual, por debajo de la inflación de 4.4%. Como resultado, el ingreso real cayó 1.7%, lo que implica que, en términos de capacidad de compra, los hogares recibieron menos ingresos que un año atrás.
La caída del ingreso real adquiere mayor relevancia porque la capacidad de los hogares para absorber un shock de precios no es homogénea. La evidencia para Perú muestra que los hogares de menores ingresos están más expuestos a la inflación y cuentan con menos capacidad para suavizar su consumo.
Un estudio del BCRP encuentra que, durante episodios de alta inflación, el consumo de los hogares de menores ingresos puede reducirse hasta en 8.6%, mientras que los hogares de mayores ingresos tienen una mayor capacidad para amortiguar el impacto.
Distribución territorial
Esta vulnerabilidad no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Al cruzar la inflación departamental con la pobreza monetaria, es posible identificar cuatro grupos según la combinación de presión de precios y vulnerabilidad económica: crítico, moderado, latente y bajo.
El resultado muestra que una parte importante de los departamentos enfrenta simultáneamente una mayor presión inflacionaria y condiciones económicas más frágiles. Diecisiete departamentos se ubican en los cuadrantes crítico y moderado, ambos con una inflación superior al 3%. De ellos, nueve combinan una inflación elevada con niveles de pobreza por encima del umbral, mientras que los otros ocho presentan una inflación elevada, pero una pobreza inferior al umbral.
Entre los nueve departamentos restantes, cuatro mantienen niveles elevados de pobreza pese a registrar una inflación más contenida. Queda claro que la inflación no es democrática.
Las alternativas de solución
El diagnóstico plantea entonces una doble pregunta de política económica: cómo evitar que el repunte de precios se vuelva persistente y cómo proteger, mientras dure el shock, a los hogares con menor capacidad para absorberlo. Ambas funciones requieren instrumentos diferentes.
Para el BCRP, el punto central es distinguir entre el impacto inicial de un shock de oferta y el riesgo de que este genere efectos de segunda vuelta sobre otros precios y las expectativas.
En agosto, la inflación mensual fue de 0.07%, la inflación sin alimentos y energía se redujo de 4.6% a 4.5%, y las expectativas de inflación a doce meses se ubicaron en 3.05%. En este contexto, el BCRP mantuvo la tasa de referencia en 4.25% y señaló que continuará evaluando la evolución de la inflación y sus expectativas. La política monetaria no puede evitar el primer impacto de un aumento internacional del petróleo o de los alimentos, pero sí busca impedir que un shock inicialmente transitorio termine incorporándose de manera persistente al resto de precios y a las expectativas.
Para la política fiscal y social, el objetivo es diferente: amortiguar temporalmente la pérdida de poder adquisitivo de los hogares más expuestos.
El país ya ha utilizado distintos mecanismos para enfrentar shocks de precios. La cuestión no es, por tanto, si el Estado debe intervenir ante un shock excepcional, sino cómo hacerlo sin trasladar un problema temporal de precios a un compromiso fiscal permanente.
La evidencia internacional apunta a que, cuando el objetivo es proteger a los hogares, las transferencias focalizadas suelen ser preferibles a los subsidios generalizados porque permiten concentrar el apoyo en quienes tienen menor capacidad de absorción y preservar las señales de precios.
El Fondo Monetario Internacional recomienda que las medidas de apoyo frente a shocks energéticos sean temporales, focalizadas, oportunas y diseñadas para poder retirarse una vez superado el episodio. Los subsidios generalizados, las reducciones tributarias sobre combustibles o los controles de precios pueden tener un papel excepcional cuando el shock es particularmente severo, pero implican mayores costos fiscales, pueden beneficiar a hogares que no necesitan apoyo y pueden distorsionar las señales que orientan el consumo.
Por lo tanto, el costo fiscal es especialmente relevante. Un subsidio aplicado sobre el precio no elimina el costo del shock: simplemente lo traslada parcialmente desde los consumidores hacia las cuentas públicas. Además, cuando se subsidia un bien cuyo consumo aumenta con el ingreso, una parte importante del beneficio puede terminar concentrándose en hogares con mayor capacidad de consumo. Por ello, cualquier medida de apoyo debería establecer desde el inicio quiénes son los beneficiarios, cuánto costará, cuánto tiempo estará vigente y bajo qué condiciones será retirada.
