Ronin
Perú21, 15 de junio del 2026
«El gasto corriente en sueldos y planillas del sector público se ha disparado en los últimos años sin una mejora proporcional en los servicios que recibe la ciudadanía»
De acuerdo con Ronin, es más efectivo promover una mayor actividad económica para ampliar la base tributaria.
Las demandas sociales en el Perú son altas. La ciudadanía exige mejores escuelas, hospitales que realmente atiendan, carreteras que conecten los mercados, seguridad frente al crimen organizado y programas sociales que ayuden a sacar de la pobreza a millones.
Para atender estas demandas, el Estado necesita recursos; sin embargo, estos son persistentemente escasos. La presión tributaria del país apenas supera el 16% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo del promedio latinoamericano de 22% y bastante lejos del 34% que registran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (ver gráfico 1).
Esta brecha implica que el Estado peruano simplemente no recauda lo suficiente para atender lo básico, y cada año que pasa la distancia entre lo que la gente necesita y lo que el Gobierno puede financiar se vuelve más amplia.
Frente a esta realidad, una tentación recurrente de ciertos grupos políticos es pensar que la solución es subir o crear nuevos impuestos. El problema de ello es que el sector formal, el que cumple con todas sus obligaciones tributarias, ya soporta una alta carga fiscal.
En un reciente informe de la OCDE, se muestra que la tasa impositiva efectiva que enfrentan las empresas peruanas es una de las más elevadas de la región (ver gráfico 2), lo que significa que quien invierte, genera empleo formal y cumple con sus obligaciones enfrenta un castigo tributario desproporcionado.
Esta carga desalienta las decisiones de inversión, frenando así la generación de empleo formal y la ampliación de la propia base tributaria.
Política viable
Entonces, la salida no es seguir apretando a los mismos formales hasta asfixiarlos. Tampoco es viable cargar con impuestos a la población informal, la cual representa cerca del 70% de los trabajadores del país. La mayoría vive del día a día con ingresos precarios e inestables. Subirles el Impuesto General a las Ventas (IGV) o crear nuevas obligaciones tributarias no es una opción viable; solo profundizaría la pobreza y expulsaría a más gente hacia la subsistencia.
La respuesta es mucho más estructural: la mejor política tributaria es el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el crecimiento alto y sostenido hace dos cosas que ningún decreto puede lograr por sí solo.
Primero, permite que quienes ya pagan impuestos paguen más, pero no porque se les suban las tasas, sino porque sus utilidades aumentan, venden más y contratan más personal calificado, ensanchando naturalmente su base imponible.
Segundo, el crecimiento formaliza la economía. Cuando hay demanda, cuando las empresas crecen y necesitan acceder a créditos, contratar con el Estado o vender al exterior, la formalización deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad. Millones de peruanos cruzan voluntariamente la línea hacia la formalidad porque les resulta rentable y, al hacerlo, comienzan a tributar.
Pero hay un problema más que es importante señalar: no basta con recaudar más si el Estado gasta mal. El Perú necesita una cirugía mayor en su gasto público.
El gasto corriente en sueldos y planillas del sector público se ha disparado en los últimos años sin una mejora proporcional en los servicios que recibe la ciudadanía.
Además, casos emblemáticos como Petroperú, que ha recibido miles de millones de soles en rescates financieros sin una reestructuración profunda ni resultados claros, son un agujero negro que devora recursos que deberían ir a educación, salud o infraestructura productiva.
Eliminar el gasto ineficiente no es una medida técnica menor; es una condición de posibilidad para cualquier reforma tributaria que aspire a ser justa y sostenible.
La ciudadanía no aceptará pagar más impuestos si percibe, con razón, que sus contribuciones se pierden en burocracia innecesaria, sueldos inflados o empresas estatales deficitarias.
La política tributaria más inteligente para el Perú, entonces, tiene tres componentes en orden de importancia: crecer para formalizar la economía y ampliar la base de contribuyentes, eliminar el gasto público ineficiente, y mejorar la recaudación vía la optimización del sistema tributario sin ahuyentar a quienes ya invierten y generan empleo en el país.
Base tributaria debe ampliarse
El economista jefe de Ronin, Isaac Foinquinos, destacó la necesidad de priorizar el crecimiento económico antes que elevar la carga sobre contribuyentes formales o imponer más tributos a la población informal.
Explicó que una mayor actividad económica incrementa la recaudación al elevar utilidades, ventas y empleo formal, ampliando de manera natural la base tributaria.
Foinquinos consideró indispensable reducir el gasto público ineficiente al advertir que mayores ingresos fiscales no serán suficientes si persisten problemas de calidad del gasto.
En ese sentido, señaló que la estrategia debe combinar crecimiento, formalización, eficiencia del Estado y mejoras en la administración tributaria.
