En las espaldas de todos los peruanos
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La imagen objetivo del plan de Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, es la realidad actual de Petroperú: un barril sin fondo que ya suma rescates por valor de 25 mil millones de soles incluyendo en reciente préstamo de 2 mil millones de dólares, como podemos ver en el siguiente cuadro del IPE.
Seguimos pagando con nuestros impuestos el dispendio sin término de una idea que solo sirve para encubrir privilegios y corrupción.
Recordemos que la hiperinflación que hundió nuestro país en los ochenta fue en buena medida consecuencia de las empresas nacionalizadas o estatizadas por el gobierno de Velasco en los 70, que generaron unas pérdidas gigantescas que tuvieron que ser cubiertas con emisión monetaria del Banco Central, con la famosa maquinita, generando un exceso de dinero que se convirtió en inflación. Esas empresas fueron capturadas por funcionarios incompetentes o corruptos que las llevaron a la quiebra. Eso es lo que suele ocurrir y es lo que nos está prometiendo el candidato del falso sombrero con su oferta de nacionalizar los sectores estratégicos y los recursos naturales.
Fujimori tuvo que reprivatizar todas esas empresas, gracias a lo cual se modernizaron y se volvieron eficientes produciendo ganancias e impuestos -no pérdidas- para el erario público.
Empezamos a crecer a tasas altas y la inflación desapareció.
Lamentablemente ni Petroperú ni las empresas de agua potable se privatizaron (sino solo la refinería de La Pampilla, que esa sí funciona muy bien, ya en manos privadas).
Estamos pagando las consecuencias del tributo de Fujimori y de todos los que lo siguieron en el gobierno, al mito ideológico de la empresa estatal en un sector estratégico.
Es que la ideología de izquierda del Estado empresario destruye los países. Ha ocurrido en todas partes donde se ha aplicado. Y la razón es muy simple: no hay dueño. Al final los funcionarios estatales se sienten dueños, pero no arriesgan su dinero, su capital. Entonces toman decisiones equivocadas o, sencillamente, aprovechan para robar en cada transacción, en cada compra. Esas empresas se convierten en nidos de corrupción porque no hay un propietario que haya invertido su dinero ni un directorio de accionistas que controle.
Y ese es el problema que tiene ahora Proinversión, a cargo de administrar el fideicomiso que se ha creado para usar los 2 mil millones que se va obtener de la banca privada internacional, contra garantía estatal, por supuesto.
Tiene el poder legal para hacerlo, pero carece de aliados dentro de la empresa. Los gerentes que fueron colocados para ayudar en el proceso de reestructuración fueron retirados.
La resistencia interna al cambio es enorme, porque se afecta privilegios y gollorías y fuentes indebidas de ingresos.
Y cuenta con el apoyo soterrado del presidente Balcázar, creyente ideológico en el tótem de la empresa estatal estratégica.
La junta de accionistas (MEF y Minem) tiene que tomar cartas en el asunto y designar un directorio comprometido con el cambio que, a su vez, nombre gerentes competentes y decididos.
Esta batalla tiene que ser pública para que sea acompañada por la presión de la opinión pública, porque somos todos los peruanos lo que tendremos que pagar la inmensa deuda si la empresa no se reestructura radicalmente.
Lampadia
