Jaime de Althaus
Para Lampadia
La izquierda en el Senado quería -al cierra de este artículo- que se defina cuáles son los límites del Senado antes de aprobar las facultades. Esa discusión puede ser interminable. Un pretexto para no aprobar nada.
Según la Constitución, el Senado puede “modificar” una propuesta legislativa enviada por Diputados, pero el reglamento del Congreso establece que debe hacerlo sin “desnaturalizarla”. Una aproximación aristotélica nos podría ayudar a entender qué se entiende por “desnaturalizar” un texto legal.
Aristóteles distingue entre cuatro “causas” para entender la existencia y naturaleza de una cosa:
- La causa final: el fin para el cual existe
- La causa formal: la estructura o forma que hace que una cosa sea lo que es
- La causa material: aquello de lo que está hecha
- La causa eficiente: el agente o proceso que la produce
La causa final de un proyecto de ley -en este caso- es el objetivo que persigue, el problema público que pretende resolver. La seguridad en este caso.
La causa formal estaría dada por los principios, medios institucionales, mecanismos y reglas fundamentales que se establecen para alcanzar el objetivo o la finalidad de la ley.
La causa material por los artículos e instrumentos concretos que señala, y
La causa eficiente por el procedimiento parlamentario establecido para su aprobación.
Podemos decir que no hay desnaturalización de una propuesta legal si la modificación respeta cuando menos las dos primeras causas, la final y la formal.
En el caso que nos ocupa es obvio que los 6 puntos agregados en la materia de seguridad contribuyen al logro del objetivo o finalidad de la ley, que es mejorar la seguridad del país.
Fortalecer el sistema de inteligencia o permitir que las fuerzas armadas puedan controlar el perímetro de los penales o apoyar a la Policía en el combate a organizaciones criminales transnacionales o controlen territorio, complementa las facultades otorgadas por diputados contribuyendo a que sean más eficaces en sus resultados.
Podría haber una discusión en cuanto la causa formal. Quienes se oponen a incluir esas medidas en la delegación de facultades lo hacen porque piensan que hay un modelo militarista detrás de ellas que llevaría a violar los derechos humanos y criminalizar las protestas, y que no es constitucional.
Evidentemente fortalecer la inteligencia es absolutamente necesario y no supone militarización alguna. La objeción sería para el control temporal del perímetro externo de los penales por las fuerzas armadas, y sobre todo para la ampliación del concepto de grupos hostiles -contra los que las fuerzas armadas pueden actuar- a aquellos que desafían el Estado de Derecho, controlan territorios y usan armamento pesado y explosivos. Allí entran organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, los Choneros, el Comando Vermelho, y nacionales como Los Pulpos y la minería criminal.
El artículo 163 de la Constitución establece que “El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo…”. El artículo 164 establece que “El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional”.
El artículo 165 señala que las Fuerzas Armadas “Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución”. Y el artículo 137 dice justamente que “En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República”.
De modo que la Constitución reconoce un papel de las fuerzas armadas en la seguridad nacional y el orden interno. Se trata de precisar la ley para que ese papel sea efectivo en determinadas circunstancias muy acotadas y ante amenazas muy graves al Estado de derecho y a la población, cuando esas organizaciones controlan territorios enteros.
Lo fundamental es que se está planteando un control civil: es el consejo de ministros quien aprueba incluir alguna organización dentro de la categoría de grupo hostil. No habría entonces contradicción con la causa formal de la propuesta de Diputados. No habría desnaturalización.
En todo caso, «desnaturalizar» es un concepto impreciso que se presta a argumentos sofísticos. Si Diputados aprueba una ley populista, ¿puede el Senado corregir sus disposiciones populistas? Precisamente, su función es contener los excesos de Diputados. Pero, si aplicamos el esquema aristotélico concluimos que el populismo forma parte de la naturaleza de la norma porque se expresa en la causa formal, es decir, en las formas o mecanismos que se estipula para conseguir el objetivo que se busca. En ese caso en el Senado no podría modificarla, lo que es absurdo. Salvo que simplemente la rechace y pase al archivo.
Por eso, es imposible definir de manera precisa cuales son los límites del Senado, y más aun antes de discutir la delegación de facultades. Sería una discusión bizantina. La de nunca acabar. Un pretexto para no aprobar las facultades.
Lampadia
