La coordinación entre poderes había comenzado
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La reposición de Delia Espinoza en la Fiscalía de la Nación es una mala noticia para la lucha contra la criminalidad. Ella fue protagonista del enfrentamiento de poderes que hizo imposible la coordinación interinstitucional.
Tomás Gálvez, en cambio, había comenzado a coordinar de manera muy eficaz.
José Jerí, a diferencia de Boluarte, lo primero que hizo fue convocar al Fiscal de la Nación y a la presidente del Poder Judicial para liderar la lucha contra la inseguridad y criminalidad y montar un sistema de coordinación efectiva entre Poderes contra esos males, una suerte de comando nacional con presencia además del jefe de la Policía y el del INPE.
Y de esa reunión y otras dos salió el acuerdo de crear un equipo multiinstitucional, en el que estarían policías, fiscales y jueces, con autonomía y presupuesto, para resolver de manera inmediata los pedidos policiales de allanamientos, prisiones preliminares y preventivas e información de las operadoras telefónicas. Que es lo que está fallando. Tomás Gálvez, promotor de la idea, ha elaborado el proyecto de ley respectivo para enviarlo al Congreso.
Esos equipos deben estar conformados por fiscales y jueces comprometidos y decididos en la lucha contra la criminalidad.
En ese sentido, Gálvez había tomado la decisión inmediata y correcta de retirar a la fiscal Fanny Quispe de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y de reponer en ese cargo clave al fiscal Jorge Chávez Cotrina, de probada trayectoria y eficacia.
Esperemos que Delia Espinoza no lo vuelva a retirar y que en el Poder Judicial se actúe en la misma línea.
Como ya hemos explicado, las extorsiones aumentan y los extorsionadores no son capturados porque el juez se puede demorar semanas en autorizar a la operadora telefónica a dar la información de titularidad, historial y ubicación de un celular extorsionador, y cuando eso ocurre ya es muy tarde. La autorización debe ser inmediata. Y no solo para la información de las operadoras. También para procesar de manera inmediata las ordenes de allanamiento y de prisión preventiva.
La Policía, por ejemplo, ha sido efectiva en desmantelar las organizaciones de El Jorobado y de El Monstruo, que operaban en Lima Norte, incluso enfrentándose entre ellas. Pero hubiera podido hacerlo mucho antes: en marzo solicitó a la fiscalía un requerimiento de allanamiento a El Jorobado, que recién fue atendido ¡en setiembre! Y el juez demoró dos meses y medio para dar prisión preventiva a la organización de El Monstruo. Mientras tanto esas organizaciones mataron gente, lo que no hubiera ocurrido si las órdenes salían a tiempo. Así no se puede trabajar.
Es indispensable entonces conformar estas unidades integradas de policías, fiscales y jueces, o montar una plataforma interoperable. También se requiere más policías dedicados a investigar y perseguir a los extorsionadores, trabajando con los transportistas. En la Unidad de extorsiones, por ejemplo, solo hay 100 efectivos. Algo ridículo. Por eso, es alentador el anuncio del jefe de la Policía, General, Arriola, que se creará una División de Extorsiones con mucho más personal.
Asimismo, necesitan más tecnología. Según fuentes policiales, solo tienen un equipo de software para leer los celulares incautados. Se requiere adquirir además equipos de interceptación de comunicaciones por WhatsApp, fiscalizados por un fiscal.
Todo esto requerirá mayores recursos: debe reestructurarse el presupuesto nacional eliminando o postergando otros gastos para concentrarlos en esta lucha, siempre y cuando Delia Espinoza no destruya el trabajo conjunto.
Este es el momento para hacerlo. No se puede esperar. Lampadia
