Jaime de Althaus
Para Lampadia
Así como criticamos al Ministerio Público, esta vez debemos felicitarlo porque ha publicado la resolución 045-2025-MP-FN que aprueba la creación de 33 fiscalías provinciales penales de flagrancia delictiva, lo que debe ayudar mucho en la lucha contra la delincuencia.
Como sabemos, el Congreso aprobó hace unos meses la ley 32348 que crea el sistema de flagrancia.
Fue necesaria porque hasta ese momento el Ministerio Público se resistía a enviar fiscales a tiempo completo a las unidades de flagrancia que el Poder Judicial iba creando.
En estas unidades se juntan en el mismo local policías, fiscales, jueces, una carceleta y un pequeño laboratorio de criminalística.
Esto permite que se procese y sentencie en menos de 72 horas a los delincuentes detenidos por delitos menores tales como robo de celulares, hurto, tenencia ilegal de armas, micro comercialización de drogas, violencia contra la mujer, etc.
Y permite que se les de pena de cárcel efectiva por semanas o meses de modo que no haya impunidad.
Pero se necesita presupuesto.
Según Edman Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Alto Nivel creada para este fin, en este momento hay 15 unidades modelo operativas al 90%. En la mayor parte de los casos solo les falta el laboratorio que está ya en proceso de adquisición. En Chiclayo, por ejemplo, ya están instalando los equipos.
Ahora esas unidades van a contar ya no solo con policías y jueces, sino con fiscales a tiempo completo y exclusivo. Van a poder funcionar a plenitud. Además, hay otras 20 unidades de flagrancia piloto a las que les falta implementación. Para eso se requiere presupuesto. Como mínimo, 200 millones de soles este año para convertir cinco unidades piloto en unidades modelo, y 500 millones el próximo año para avanzar con otras 10.
No se puede escatimar en esto. Ya hemos dicho varias veces que es necesario reestructurar el presupuesto nacional eliminando o postergando gastos no prioritarios y a veces inútiles para concentrar recursos en la lucha contra la inseguridad y la criminalidad. Es cuestión de decisión política.
La población siente que no se castiga a los delincuentes, que cuando los capturan los sueltan. Las unidades de flagrancia resuelven esto porque permiten condenar en un máximo de 72 horas en lugar de años, acabando con la sensación de impunidad. Pero el tema es que, para ello, esas penas tienen que ser efectivas. De nada sirve condenar a pena privativa de la libertad de 6 meses, si esa pena va a ser suspendida. Es lo mismo que nada. Tienen que ir a la cárcel, aunque sea pocas semanas o meses, con resocialización. Pero eso requiere construir cárceles de alta circulación, y hacerlo en breve tiempo, como medida de urgencia. Lo que también requiere priorizar recursos.
Las unidades de flagrancia pueden servir, además, para resolver el problema de que las extorsiones siguen subiendo y no se detiene a los extorsionadores. ¿Cómo? No procesando a los extorsionadores (porque es difícil capturarlos en flagrancia) sino haciendo posible que el juez autorice de manera inmediata el pedido policial de información del IP del celular extorsionador (nombre del titular, ubicación) a las operadoras telefónicas o de internet. Porque ahora el problema es que el juez puede demorarse dos o tres semanas en autorizar, con lo cual se pierde al extorsionador.
Otro efecto colateral muy importante de este programa es que permite la coordinación entre las entidades encargadas de la lucha contra la inseguridad, algo seriamente afectado por la guerra institucional en curso.
La coordinación no solo se da en las unidades de flagrancia mismas, sino que la ley crea el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva que debe reunirse cuatro veces al año y está integrado por los titulares del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los ministerios del Interior, de Justicia y de Economía o sus representantes, el jefe de la Policía Nacional y el jefe del INPE.
Este Consejo se reunió por primera vez el 19 de junio y el próximo 26 de agosto lo hará por segunda vez para aprobar el protocolo de las unidades de flagrancia y una directiva.
Esos son los temas en los que debe concentrarse el gobierno, y la opinión pública. Lampadia
