Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ante el fracaso del Estado peruano en casi todos los órdenes, es hora de abrir la discusión acerca de las posibilidades de construir un estado alternativo, libertario (si cabe el oxímoron). Es decir, uno en el que los servicios públicos sean ofrecidos por empresas privadas, sea en competencia, sea mediante contratos de gestión con indicadores de resultados exigibles, y pagados por los usuarios.
Una idea de lo que se puede hacer apareció hace unos días en un aviso de Perú21 titulado: “Pacífico y Yape lanzan ´Seguro Social Yape´: el seguro digital desde S/9.90 que acerca la salud a la gente”.
Pagando esa cantidad al mes, se tendrá un seguro médico para teleconsultas médicas ilimitadas y S/500 en caso de hospitalización.
Los hospitales de la Solidaridad de la municipalidad de Lima son otro ejemplo, donde a cambio de un pago muy módico se consigue atención inmediata mucho más eficiente que la de los hospitales del ministerio de Salud.
La idea es que todos los servicios públicos puedan ser pagados directamente por los ciudadanos o a través de seguros.
Por ejemplo, seguros privados para atenderse en postas o centros de salud del primer nivel de atención, pero un primer nivel de atención bien equipado y con capacidad de resolución administrado por una o varias asociaciones público-privadas (APP) con bata blanca, por supuesto.
Las personas de menores ingresos podrían todavía recibir un subsidio entregándoles parte de los recursos que hoy se entregan al SIS, al estilo del sistema de vouchers en la educación.
En la transición vamos adjudicando la gestión de postas y hospitales -y la adquisición y distribución de medicamentos- a asociaciones público-privadas, siguiendo el ejemplo de los hospitales Kaeli y Barton de Essalud, que funcionan a la perfección y tienen la virtud de hacer salud preventiva en sus áreas de influencia porque de esa manera gastan menos en salud curativa y por ende mejoran sus márgenes de ganancia. Todos ganan.
Capas complejas o enfermedades que requieren medicamentos y atenciones más caras podrían ser financiadas directamente por donaciones del sector privado, abriendo una ruta que llevaría progresivamente a disminuir el impuesto a la renta (para aquellos que donan) aumentando el porcentaje de los servicios de salud y de educación que se cubriría con las mencionadas donaciones privadas, tal como ocurre con el hospital del Niño, por ejemplo, pero de una manera orgánica, sistémica.
De esa manera desarrollamos una verdadera integración social, un espíritu de solidaridad social auténtico, no forzado o impuesto por el Estado, que llevaría incluso a una competencia por mayores aportaciones convirtiendo al nivel de generosidad en un símbolo de prestigio, de estatus.
En Estados Unidos muchas universidades o institutos dentro de ellas se financian de esa manera.
Claro, ello supone evolucionar a una cultura de valoración del éxito empresarial y del esfuerzo individual para el progreso económico personal. De la generación de riqueza, en suma.
Diversos servicios reclaman a gritos participación privada, cuando menos en la gestión. En educación tenemos los ejemplos de los colegios de Fé y Alegría, donde la gestión es privada y el Estado paga los profesores. Ese modelo debería generalizarse también vía APP, y con el sistema de vouchers, donde el presupuesto que el estado destina a los colegios se entrega a los padres de familia para que escojan en qué colegio ponen a sus hijos. Los centros educativos se transferirían a los profesores.
Paulatinamente, en la medida en que la economía -liberada de trabas y regulaciones- crece e incluye a todos, y se reduce el Estado, se reducen entonces los impuestos y las personas en lugar de tributar al Estado pagan directamente los servicios o los seguros correspondientes.
Incluso un servicio como la seguridad podría ser encargado a una agencia de seguridad privada, con metas concretas en términos de resultados. Si en lugar de pagar impuestos -o parte de ellos- pagáramos directamente a una agencia de seguridad, tendríamos más control de sus acciones y resultados.
El agua potable, tan importante para la salud de los peruanos, está pésimamente mal gestionada por las EPS municipales y por Sedapal, con mucha corrupción por lo demás. Allí, de hecho, el agua es pagada directamente por el usuario a través de la tarifa, o sea que no hay razón alguna para que esas empresas no sean concesionadas a empresas privadas contratadas por los usuarios.
La construcción y mantenimiento de las carreteras deberían ser financiados por APPs y peajes. La mayor parte del resto de las obras públicas debería ser ejecutado directamente por las empresas mediante obras por impuestos, que debería facilitarse y multiplicarse.
Es hora de pensar fuera de la caja en todos estos temas. No podemos seguir con servicios públicos cada vez más ineficientes y corruptos. Lampadia
