Para cortar las guerras intestinas
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Mientras las autoridades e instituciones encargadas de la lucha contra la criminalidad se enfrentan unas con otras con armas de todo calibre, el crimen avanza.
La vivienda del ministro del Interior fue allanada por el caso de los audios con el capitán “culebra” que revelarían, según la fiscalía, abuso de autoridad. Sin embargo, nunca se había producido un allanamiento por supuesto abuso de autoridad, delito que tiene solo 3 años de pena privativa de la libertad. Mas aun considerando que el cargo de ministro tiene privilegio constitucional.
Hay aquí, entonces, un exceso, un abuso.
El ministro, por su parte, habría obtenido no se sabe cómo el texto del reportaje sobre él en Cuarto Poder, abriendo la sospecha de que lo haya chuponeado, lo que sería inaceptable y punible. Ya antes se había negado a realizar la prueba de su voz y entregó un celular sin chip y sin acceso al iCloud. Ha denunciado a la Fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ante el Congreso por presuntamente difundir información de una investigación seguida en su contra. De hecho, se filtran relatos de testigos protegidos sobre supuestos intentos de soborno a jueces de su parte.
Es la guerra, en la que se usa todos los medios posibles. Esto tiene que cesar, si no queremos que la criminalidad siga conquistando el país. El origen, lo hemos dicho varias veces, está en la politización, en la infiltración, de la justicia. Del Ministerio Público y el Poder Judicial. El EFICCOP y la DIVIAC, eficientes unidades de la fiscalía y la Policía terminaron sin embargo instrumentalizadas para exacerbar denuncias y acusaciones contra Dina Boluarte y su hermano, por más que tuvieran algún fundamento. Por algo la Constitución establece que no se puede acusar al presidente durante su mandato. El allanamiento de la casa de la presidente fue otro exceso. Al abogado Mateo Castañeda le tendieron una trampa para incriminarlo, de modo de golpear por esa vía a la presidente y provocar acaso su vacancia.
La presidente respondió por medio de su ministro, que absorbió la DIVIAC en otra unidad y pasó al retiro a su líder el coronel Harvey Colchado, abanderado del grupo “caviar”.
La guerra intestina no cesa, se agrava. Hay claramente una lucha de poder, a la que hay que poner fin.
Una manera efectiva de cortar este flujo perverso es reformar, renovar y refrescar la composición de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos.
El jurista Humberto Abanto ha propuesto un camino muy práctico: en la Corte Suprema hay 18 supremos titulares y 27 provisionales. Se trataría de modificar la ley orgánica del Poder Judicial para aumentar en 20 el número de titulares conformando una Corte Suprema de 38 jueces supremos. Esto supone habilitar las plazas y el presupuesto correspondiente. Pero implicaría que la JNJ convoque a concurso para llenar esas plazas.
Se objetaría que la idea, desde el Ceriajus, era más bien reducir el tamaño de la Corte Suprema de modo que vea solo casos paradigmáticos para establecer jurisprudencia y de esa manera predictibilidad. Pero, según Abanto, eso funciona en Estados Unidos porque allí cada Estado tiene su propia Corte Suprema, y la Corte Suprema Federal en realidad es una suerte de Tribunal Constitucional. De otro lado, acá las Cortes Superiores son muy deficientes en términos de calidad de magistrados y sentencias, y se requiere la Corte Suprema como última instancia. De modo que la reforma propuesta por Abanto vendría a sincerar y formalizar una realidad, con la ventaja de que jueces titulares no son manipulables por el presidente de la Corte ni por nadie como si lo son los provisionales. La independencia queda garantizada.
Lo mismo habría que hacer con la Junta de Fiscales Supremos. Allí hay cuatro titulares en este momento, y hay tres provisionales. Pero hay, de hecho, dos plazas vacantes. Entonces habría que crear una plaza adicional y la JNJ debería convocar a concurso para llevar las dos plazas vacantes y la nueva a crearse.
La alternativa, por lo menos en lo que al Ministerio Público se refiere, es la que propuso Natale Amprimo: que se retire a los actuales fiscales supremos y se conforme un Tribunal de Honor conformado por los expresidentes del Tribunal Constitucional que designen una nueva junta de fiscales supremos de alto valor.
La propuesta del Dr. Abanto parece más viable, y trabaja con la institucionalidad existente. Vamos con eso. Lampadia
