Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 18 de noviembre de 2024
Para Lampadia
Mucha gente cuestiona al Sistema de Justicia peruano. Lo cuestiona por aquellos casos de corrupción que son de dominio público. Y bueno… es verdad. Lamentablemente, hay fiscales y jueces corruptos… recontra corruptos.
Para muestra un botón. Mejor dicho, un botonazo: los jueces y fiscales embarrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¡Un asco!
Pero hay más botones de muestra de la corrupción en la Justicia peruana… muchos más.
¿Qué hacía la Fiscal Elizabeth Peralta pelando papas en la casa de las hijas de Chibolín en California, EEUU?
Y así por el estilo, estamos atiborrados de historias de fiscales y jueces corruptos. Todos, miembros del Sistema de Justicia de nuestro país.
Sin embargo – valgan verdades – así como hay corrupción, hay también probidad en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y lo mismo ocurre en los demás poderes del Estado. Incluso, en la sociedad civil. Puede parecer extraño, pero es así… la corrupción convive con la probidad. Como la parábola del trigo y la cizaña. Yo puedo dar fe de ello. Lo comprobé durante mi experiencia en el Gobierno Regional de Ica, durante los años 2015 al 2018.
El problema es que muy poco se habla de probidad en el Estado. Todo el mundo – sobre todo la prensa – se refiere casi únicamente a casos de corrupción. Para el común de la prensa – salvo escasas excepciones – todo es corrupción en el Estado. Y si hay audios y videos… mejor. Para ese periodismo escandaloso, farandulero y maledicente, nada hay bueno en el país. Al dios rating le encantan los escándalos. Poco le interesan las noticias positivas.
No obstante, este artículo se refiere a aquellos lobos disfrazados de corderos – tremendos corruptos y sinvergüenzas – que recurren a cada rato al Ministerio Público para denunciar a los buenos funcionarios estatales, quienes con su accionar honesto y responsable, impiden a los corruptos realizar sus fechorías.
Sin ir muy lejos, yo estoy lleno de dichas denuncias maliciosas, así que puedo dar fe de ello. Incluso, habiendo transcurrido 8 años desde que terminé mi gestión de Gobernador Regional de Ica, sigo recibiendo denuncias. Pero eso sí – salvo las querellas por “difamación” a los políticos dueños de universidades truchas – no tengo, ni tendré, ninguna sentencia condenatoria… le duela a quien le duela.
En realidad, se trata de una táctica muy efectiva de las mafias enquistadas en el Estado. Ahuyentar a los buenos funcionarios públicos, denunciándolos maliciosamente por todo tipo de delitos. Delitos que son propios de bandidos de las más bajas estofas: abuso de autoridad, malversación de fondos, colusión, negociación incompatible, omisión de funciones, calumnia, difamación, falsedad genérica, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, o lo que sea. El objetivo es – claramente – alejar a los buenos funcionarios del Estado, para que ellos – los corruptos – sigan haciendo de las suyas.
A ese respecto va una crítica mía al Sistema de Justicia.
¿Por qué son tan permisivos con aquellos personajes – especialistas en leguleyadas y vericuetos judiciales – que se pasan la vida merodeando por los pasillos de los tribunales de justicia, donde presentan todo tipo de denuncias o querellas maliciosas contra funcionarios probos, las cuales – a la larga – terminan archivándose?
Resulta que para archivar dichas denuncias – por más que no tengan sustento alguno – los jueces y fiscales tienen que esclarecerlas previamente… como si les sobrara el tiempo. Además ¿cuánto cuestan las toneladas de papel y tinta que se consumen en dichos procesos, cuánto cuestan las horas de horas de interrogatorios que pierden los magistrados y funcionarios denunciados, cuánto cuestan los atestados que van y vienen por todos lados, cuánto cuestan las audiencias, citaciones, objeciones, quejas y demás? Y todo por las puras.
Y lo que es peor. ¡Cuántos casos y procesos delictivos reales – crímenes, robos, estafas, vandalismos, corrupción, etc. – quedan desatendidos porque los jueces y fiscales están ocupados en esclarecer denuncias maliciosas! Conversando al respecto con una fiscal que archivó una de las numerosas denuncias maliciosas que tengo en mi contra, me dijo que cerca del 70% de la carga procesal del Ministerio Público se debe a este tipo de denuncias. ¡No hay derecho!
Distraer – y pretender confundir – a jueces y fiscales con denuncias maliciosas debería constituir un delito de suma gravedad. Ante ello, propongo penalizar pecuniariamente – y penalmente – a todos aquellos denunciantes que presenten denuncias que terminen archivándose.
Y en el caso de los caseritos – es decir, de aquellos denunciantes que sólo se dedican a ello, y que tienen varias denuncias archivadas en su haber – aumentar exponencialmente las penas por cada nueva denuncia archivada.
La idea es limitar las denuncias maliciosas en todo el país, proteger a los buenos funcionarios públicos, y liberar al sistema de justicia nacional – Ministerio Público y Poder Judicial – de tanta carga procesal injusta e innecesaria.
Estas son ideas – sólo ideas – para cortarle las alas a la corrupción, y para que ésta no se aproveche abusivamente del – ya bastante malogrado – Sistema de Justicia de nuestro país. Lampadia
